El reciente incidente que afectó el transporte de gas natural hacia el sur del país, además de generar preocupación por el abastecimiento y el alza de precios de los combustibles, volvió a poner en evidencia una vulnerabilidad estructural que nuestro país no puede seguir postergando: la dependencia de un único sistema de transporte de gas.
El gas natural se ha convertido en uno de los pilares de la matriz energética peruana. Su uso se ha expandido en la generación eléctrica, la industria, el transporte y los hogares. Sin embargo, pese a su creciente importancia, dependemos esencialmente de una sola infraestructura principal para transportar este recurso desde Camisea hacia los centros de consumo. Cuando esa infraestructura enfrenta una interrupción —ya sea por causas naturales, técnicas o accidentes— el impacto se traslada rápidamente a distintos sectores de la economía y a la vida cotidiana de millones de personas.
Esta situación revela la ausencia de un principio fundamental en la gestión de sistemas energéticos modernos: la redundancia de infraestructura. En términos simples, significa contar con rutas alternativas o sistemas de respaldo que permitan mantener la continuidad del suministro frente a contingencias. En países con planificación energética avanzada, la seguridad del sistema no depende de una única línea de transporte, sino de redes interconectadas capaces de responder ante fallas o interrupciones.
En Perú, esta discusión no es nueva. Proyectos como el Gasoducto Sur Peruano o el desarrollo de nuevas redes de transporte fueron planteados para fortalecer y diversificar la infraestructura energética nacional. Sin embargo, decisiones postergadas, cambios en prioridades políticas y la falta de continuidad en las políticas públicas han frenado su ejecución.
Por ello, la seguridad energética debería entenderse como un asunto técnico o sectorial, pero esencialmente, como una política estratégica de Estado. Un país que aspira a crecer de manera sostenida, atraer inversiones y fortalecer su competitividad necesita garantizar un sistema energético confiable, resiliente y capaz de responder a escenarios de crisis.
En ese sentido, resulta indispensable impulsar una planificación energética de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno. El desarrollo de infraestructura energética requiere decisiones que se proyecten por décadas, con reglas claras y una visión estratégica que combine seguridad del suministro, sostenibilidad ambiental y competitividad económica.
Asimismo, es necesario avanzar con mayor rapidez en la aprobación de proyectos de energías renovables. El Perú cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de energía solar y eólica, especialmente en el sur y en diversas zonas de la costa, y lo inaudito es que muchos de estos proyectos enfrentan procesos administrativos largos y complejos que retrasan su implementación. Reducir los tiempos de evaluación y facilitar los procedimientos para su desarrollo permitiría acelerar inversiones que contribuyan a fortalecer la seguridad energética y a diversificar las fuentes de generación eléctrica.
Del mismo modo, el desarrollo energético del país no debe centrarse únicamente en el gas natural, recurso que ciertamente seguirá desempeñando un rol relevante en la matriz energética, pero el Perú dispone de múltiples alternativas que deben formar parte de una estrategia más amplia y sostenible. La energía hidráulica, el hidrógeno verde, la solar térmica y fotovoltaica, la eólica y la biomasa representan oportunidades para construir una matriz energética más diversificada y con mayor alcance territorial.
Esta diversificación tampoco debe entenderse únicamente desde el lado de la oferta, debido a que es necesario promover nuevos usos, tecnologías y formas de consumo energético a fin de aprovechar mejor los distintos recursos disponibles. Impulsar la electrificación de procesos productivos, fomentar tecnologías limpias y ampliar el acceso a la energía en todo el territorio nacional, fortalecerá la construcción de un sistema energético más equilibrado, descentralizado y resiliente.
En este proceso, resulta fundamental articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y la comunidad técnica. Instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú hemos señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer la planificación energética nacional y de priorizar proyectos estratégicos que aseguren la continuidad del suministro.
Se cuenta con importantes recursos energéticos y con profesionales altamente calificados para desarrollar soluciones técnicas de primer nivel, y lo que ahora se requiere es una visión de Estado que sitúe la seguridad energética en el centro de la agenda pública y facilite el avance de decisiones sostenidas en el tiempo.
Los recientes hechos que recordaron a muchos peruanos épocas superadas de incertidumbre en el abastecimiento de combustibles deben ser una señal de alerta, pero también una oportunidad para corregir el rumbo. Garantizar la seguridad energética es una necesidad técnica y a la vez, una condición indispensable para el desarrollo económico, la estabilidad social y el bienestar de todos los peruanos.
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