Con la implementación de leyes con iniciativa de gasto, promulgadas por el Congreso, el déficit fiscal podría incrementarse cerca de 3 puntos porcentuales del PBI entre el 2026 y el 2036; pero no es la única consecuencia, pues incluso podría comprometerse el grado de inversión.
De acuerdo a Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, esta consecuencia “no sería inmediata”, pero existe la posibilidad de repetir la historia de Colombia, si el siguiente gobierno mantiene el mismo camino del actual. “El problema es que estamos reventando la tarjeta de crédito sabiendo que no tenemos manera de pagarla más adelante”, aseguró durante su intervención en la conferencia Finanzas Públicas y Retos Macro fiscales, organizado por el Consejo Fiscal.
“Es un escenario plausible si seguimos en una senda fiscal de ese tipo, y en una gestión de 5 años si hay tiempo como para que estos problemas se sigan agudizando y las calificadoras nos hagan dos rondas de ‘downgrade‘ (reduzcan dos calificaciones). Como Consejo Fiscal no estamos pronosticando que ocurra tampoco, lo importante es que si no se corrige el rumbo, es un escenario que no tiene probabilidad cero”, explicó.
Asimismo, agregó que para perder el grado de inversión necesitaríamos que al menos dos calificadoras sitúen al país por debajo del grado de inversión y por ahora, el escenario es favorable. “En una [calificadora] estamos dos niveles por encima, en otro tres”, señaló.
El problema
El Perú viene incumpliendo la regla fiscal durante los últimos tres años y con medidas aprobadas por el Congreso, el escenario se ve adverso. Solo en los últimos 18 meses, se aprobaron leyes que le cuestan al país S/36.700 millones o 3 puntos del PBI anual.
“Marzo (2026) ha sido el mes de mayor generación de gasto público en historia del Perú por el Congreso de la República. Aprobaron en dos sesiones de Congreso una serie de medidas que en conjunto generan un costo total del 1% del PBI, básicamente en pensiones y beneficios laborales”, precisó.
El Congreso peruano ha ganado en los últimos años un creciente poder sobre el Poder Ejecutivo, señalan expertos.
Además, hay un grupo de leyes que por su naturaleza, se implementarían de forma permanente y podrían demandar hasta el 2,6% del PBI. Gran parte de ellas todavía no están implementadas y tienen que ver con beneficios laborales como el incremento de pensiones para maestros (S/8.018 millones), el pago de CTS y gratificaciones (S/2.044 millones), etc. De hecho, refiere Segura, estas deberían ser revertidas antes de que entren en vigencia.
De acuerdo al Consejo Fiscal, la implementación de las leyes generaría que, entre 2026 y 2036, el déficit fiscal se incremente cerca de 3 puntos porcentuales del PBI en promedio. Además, la deuda pública podría incrementar en 22 puntos porcentuales del PBI en un horizonte de 10 años.
A este bolsón de normas se suman las iniciativas legislativas onerosas que están en trámite. Las de costo fiscal permanente como los nombramientos de profesores de educación básica regular o la homologación de remuneraciones de personal CAS, entre otras, comprometerían 1,4% del PBI y una norma transitoria como ‘la extensión del régimen de arrastre de pérdidas’ que le costarían al Estado el 0,4%.
Crítica al Tribunal Constitucional
Para Segura, el disparador de estas iniciativas de gasto fue la interpretación del Tribunal Constitucional del artículo 69 de la Constitución, con respecto a las facultades del Congreso. Con ello, se dejó el camino libre para que el Legislativo “haga lo que quiera” con respecto a las normas.
“Tenemos tres partidos en contienda todavía para la segunda vuelta y los tres han aprobado —aquí no hay derechas ni izquierdas—mayoritariamente estas leyes”, mencionó.
A esto se suma la inacción del Ejecutivo. De acuerdo a Segura, en los últimos tres años, no se ha presentado ninguna acción de inconstitucionalidad y ha hecho pocas observaciones a las iniciativas de gasto del Congreso.
El Gobierno buscará frenar leyes de gasto en el Tribunal Constitucional mientras negocia la aplicación progresiva de otras normas. (Imagen: Andina)
“Lamentablemente, los gobiernos no han estado dispuestos a presentar estas acciones, pese a que sabían que esas leyes generaban opiniones en contra y que enfrentaban cuestionamientos constitucionales severos. Sin embargo, no han utilizado los instrumentos que tenían a su disposición”, refirió.
Ante este escenario, Segura mencionó la necesidad rectificar, sobre todo aquellas leyes que generan beneficios laborales como el pago de CTS y gratificaciones a trabajadores, entre otras. De hecho, algunas leyes de planilla y pensiones por implementar como pensiones a maestros, nombramiento de los CAS durante el COVID, etc. significan 9 veces más el presupuesto destinado para Pensión 65 y ocho más de lo destinado a Pronabec.
Pérdida de la brújula, según el BCR
En la conferencia también participó el gerente general del BCR, Paul Castillo, quien consideró que el “Perú ha perdido la brújula del crecimiento” durante los últimos 10 años. Esto se debe a que el país no está enfocándose en mejorar su productividad, sino solo a defenderse ante los choques externos, lo que se convierte en un escenario perjudicial tomando en cuenta que el país y la región afrontan un panorama favorable, gracias a los términos de intercambio.
“Cálculos que hacemos en el Banco Central nos dicen que en los últimos 10 años la productividad o no ha crecido o ha sido ligeramente negativa en el Perú, y en la región no es muy diferente”, mencionó.
También destacó la situación de la región, donde el déficit fiscal se encontraba ligeramente por encima de 1%, entre el 2000 y el 2014, y ahora supera el 3%. Lo mismo ocurrió con los niveles de deuda que pasaron de menos de 50% a cerca del 70% del producto.
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