La Tercera Sala Constitucional de Lima ratificó la resolución que declaró improcedente un pedido de medida cautelar en beneficio del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien afronta un proceso en su contra por presunto falseamiento de información sobre aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Sánchez Palomino afronta un pedido de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, tras ser acusado de los presuntos delitos de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas y falsa declaración en procedimientos administrativos.
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El recurso de apelación buscaba suspender los efectos de la acusación fiscal y la diligencia de control de acusación programada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima para el 27 de mayo.
La solicitud cautelar fue presentada por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra a favor de Roberto Sánchez y buscaba que se suspendieran ambas diligencias hasta que se resolviera definitivamente el proceso principal.
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“En el caso concreto, la parte apelante pretende que este órgano jurisdiccional realice un control sobre actos fiscales mediante una medida cautelar que, por mandato legal expreso del artículo 18° del Código Procesal Constitucional, no se encuentra prevista para el proceso de hábeas corpus”, señaló la sala.
“Al no existir un marco normativo que habilite la vía cautelar solicitada, el pedido cautelar debe ser desestimado, careciendo de objeto efectuar en análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales para la concesión de la medida cautelar solicitada”, agregó.
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En consecuencia, la sala enfatizó que al pretenderse la activación de una medida cautelar dentro de un proceso de hábeas corpus, cuando dicho mecanismo no ha sido previsto, debe declararse improcedente la medida cautelar solicitada, “debiendo confirmarse la resolución recurrida en tal sentido”.
Resolución del Poder Judicial sobre el caso de Roberto Sánchez.
Vía un recurso de nulidad, Roberto Sánchez buscaba retrotraer su proceso hasta la etapa de control de acusación argumentando un vicio procesal por parte del juez Adolfo Farfán, a cargo del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Su pedido fue declarado infundado.
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