El Poder Judicial (PJ) reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia donde se revisará la nueva acusación presentada en contra del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por presunta falsa declaración sobre aportes y gastos de campaña entre el 2018 y 2020.
En la audiencia realizada este miércoles, ante el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, la fiscalía señaló que solo corresponde que el PJ emita el nuevo auto de enjuiciamiento y Sánchez Palomino pase a juicio oral.
El Ministerio Público (MP) ha solicitado 5 años y 4 meses contra el ahora candidato presidencial al acusarlo por los presuntos delitos de falsa declaración en proceso administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones y gastos de organizaciones políticas.
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El proceso judicial fue asumido por el magistrado Adolfo Farfán Calderón quien hasta esta semana venía despachando en la Tercera Sala Penal de Apelaciones. Esto, pese a que días atrás el mismo despacho había sido asumido por el juez supernumerario Juan Mercado.
Farfán Calderón, se desempeña como juez penal especializado titular desde el 2005 y ha sido procesado por presuntas faltas disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia y el Órgano de Control del Poder Judicial.
JUEZ ADOLFO FARFÁN ASUMIÓ EL CASO DE ROBERTO SÁNCHEZ ESTA SEMANA
Un hecho que llamó la atención durante la audiencia, fue la forma en que el magistrado se dirigió al acusado Sánchez Palomino, quien participó de la audiencia de manera virtual.
Luego de que el candidato presidencial procedió a su acreditación, el juez Farfán Calderón le agradeció su participación con una sonrisa.
“Buenos días, estoy presente acá doctor. Mi nombre es Roberto Sánchez Palomino (…)”, dijo el candidato presidencial. “Muy amable, permiso”, respondió el juez con una amplia sonrisa.
A renglón seguido, Sánchez remarcó su presencia en la audiencia a lo que el magistrado replicó: “Gracias por su asistencia”.
Roberto Sánchez
“El auto de enjuiciamiento fue emitido”
Durante la audiencia de instalación de la audiencia judicial, la fiscal anticorrupción adjunta Gladys Huete Gutiérrez, precisó ante el juez Adolfo Farfán que en esta etapa del proceso ya no se realizaría el debate de los elementos de prueba, puesto que todo ello ya fue debatido e incluso se emitió un auto de enjuiciamiento.
Recordó que, tras la decisión de la Sala Superior que dispuso el archivo de algunos delitos, solo se tenía que sanear la acusación y emitir un nuevo auto de enjuiciamiento.
“El motivo para la que se había programado esta audiencia, es para la emisión de un nuevo auto de enjuiciamiento a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la sala. ¿Qué implica esto? El auto de enjuiciamiento fue emitido mediante resolución 21 del 26 de agosto del 2024. Solamente se hará la corrección respectiva sobre ese auto de enjuiciamiento, no se hará un nuevo debate, una nueva oralización de medios probatorios, ni tampoco se está habilitando un nuevo espacio procesal para hacer un nuevo control de acusación.”
La representante del Ministerio Púbico aseguró que no se incorporó ningún elemento de prueba nuevo que habilite el control de acusación y por ello solo debía emitirse el nuevo auto de enjuiciamiento
“No señor juez, porque lo único que se está haciendo es adecuar el auto de enjuiciamiento a lo resuelto por la sala (…) “No se ha agregado nada más, todo está exactamente igual. Lo único que se iba a hacer es la corrección respectiva del auto de enjuiciamiento, no un nuevo control de acusación, no se ha declarado la nulidad del auto de enjuiciamiento, ni tampoco se ha declarado nulo todo lo actuado en la etapa intermedia”, respondió la fiscal ante la pregunta del magistrado.
Con ello, lo que correspondería es que se dicte el nuevo auto de enjuiciamiento contra Sánchez Palomino y se inicie la etapa de juicio oral, puesto que ya se había ordenado que el expediente sea elevado al Juzgado Unipersonal que se encargará del juicio.
Roberto Sánchez
La fiscalía sostiene que el presidente de Juntos por el Perú y ahora candidato presidencial habría incurrido en el presunto delito de “falsa declaración en procedimiento administrativo” ya que en su calidad de apoderado y/o representante del partido político habría declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
Entre los hechos relatados por la fiscalía se encuentran la recepción de aportes en el 2018, por la suma S/204.951,36, que se depositó en una cuenta personal de su hermano William Ricardo Sánchez Palomino, que en ese momento se desempeñaba como Presidente del Comité Nacional Electoral de la aludida organización.
Sobre el “falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas” la fiscalía sostiene que habría declarado datos falsos en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020.
Sobre los Ingresos y Gastos de Campaña electoral para las Elecciones Congresales 2020, la fiscalía consideró que también habría falseado la información ante la ONPE, puesto que reportó un “aporte privado en especie por el importe de s/25.000”, lo que no guardaría relación ya que se habría recaudado S/75.750 que debieron haber sido considerados en la declaración de ingresos y/o gastos de dicho proceso electoral.
Nueva acusación contra Roberto Sánchez Palomino
Finalmente, la fiscalía señaló que no se dio cuenta de la existencia de una cuenta mancomunada de dos coacusados por la suma de S/75.000 y se informó sobre un “aporte en bienes” que fue negado por el presunto aportante.
La fiscal Huete Gutiérrez se ratificó en que la nueva acusación contra Sánchez se vincula a los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones y gastos de organizaciones políticas.
Interpusieron nulidad contra resolución que notifica nueva acusación
Durante la audiencia no se ingresó al análisis del fondo de la acusación, ya que el coacusado Manuel Herrada Tello planteó una nulidad contra la resolución que notificó el nuevo requerimiento acusatorio del Ministerio Público.
Según alegó el abogado Armando Rivera, defensa de Herrada, no se le había notificado los 160 elementos de convicción presentados por la fiscalía en el nuevo requerimiento acusatorio.
“¿Cuál es nuestra pretensión? Que se declare fundada la nulidad parcial de la resolución, se nos notifique la totalidad de los elementos de convicción del requerimiento escrito del Ministerio Público y se reponga el plazo de 10 días para ejercer nuestros elementos de derecho de defensa”, solicitó el abogado.
Ante ello, la fiscalía remarcó que todos las partes habían sido notificadas con el íntegro de la acusación y sus elementos de prueba, por lo que solicitó que no sea amparada su solicitud de nulidad.
Carlos García, abogado de Roberto Sánchez, cuestionó la manera en que el Ministerio Público había planteado su nueva acusación, al sostener que ya no debía consignarse el pedido de sobreseimiento (archivo) del delito de fraude en la administración de la persona jurídica, puesto que la Sala Superior había ordenado el archivo de dicho delito.
“Creo que el problema está en cómo se ha planteado este requerimiento acusatorio que ha presentado el Ministerio Público, puesto que respecto del señor Roberto Sánchez y de su hermano Ricardo Sanchez, la Sala Superior declaró fundada una excepción de improcedencia de acción, por lo tanto declaró que la causa se archive respecto a esos hechos. Sin embargo, en el requerimiento del Ministerio Público se ha consignado un pedido de sobreseimiento sobre esos hechos respecto de los cuáles ya había una improcedencia de acción declarada fundada.”
La fiscalía rechazó el cuestionamiento, al sostener que ya se había dado por archivado dicho delito y solo se trataba de una contextualización del caso.
El magistrado concluyó que dicho aspecto sería aclarado cuando se analice el fondo del requerimiento de acusación.
Finalmente, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo 4 de junio a las 15:30 horas, donde se resolverá el pedido de nulidad y otros incidentes que se presenten.
El magistrado justificó el aplazamiento de la audiencia debido a que recién asumió el despacho por haber estado laborando en la Sala Superior y a la carga procesal.
Magistrado que asumió caso fue suspendido: ¿Quién es el juez Adolfo Farfán Calderón?
De acuerdo al registro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el magistrado Adolfo Farfán Calderón, ingresó a la carrera judicial en el 2005, nombrado Juez Especializado Penal Titular por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.
JUEZ ADOLFO FARFAN CALDERON
En el 2013 fue ratificado en el cargo, pese a que en su expediente se indicaba que en ese momento registraba una queja, una investigación dos apercibimientos rehabilitados, y una suspensión de 30 días, una suspensión rehabilitada y una multa del 10% de su haber.
En el 2023 fue suspendido en sus funciones al haber sido denunciado por hechos graves que dieron pie al inicio de un proceso disciplinario ante la OCMA (ahora Autoridad de Control del Poder Judicial) en el Expediente N° 890-2019-J-OCMA/PJ, donde se le atribuyó haberse encontrado “durmiendo en su despacho en horario laboral”, presunto “acoso sexual” contra una trabajadora jurisdiccional y presuntamente “haber abusado de su cargo” al pedirle al personal jurisdiccional hacerle mandados personales.
JUEZ ADOLFO FARFAN CALDERON
En febrero del 2024, la presidencia del Poder Judicial a cargo del exjuez supremo César San Martín emitió el Oficio Nro. 059-2024-P- PJ hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitando “la destitución del magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón por su actuación como juez del Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima”.
El magistrado se justificó ante la JNJ indicando que se encontraba mal de salud, tomó medicamentos y ello produjo que durmiera en el despacho. Sobre los mandados personales indicó que el supuesto afectado ha negado dichos hechos.
Finalmente, sobre los presuntos actos de hostigamiento, señaló que era “falso” y que era una denuncia de personas que “le tienen odio” y por “venganza”.
Así, en abril del 2025, la JNJ decidió absolverlo por los cargos de presunto hostigamiento sexual y abuso de poder. Sin embargo, lo halló responsable por dormir en su despacho en horario laboral, señalando que se trataba de una “falta grave”.
JUEZ ADOLFO FARFAN CALDERON
JUEZ ADOLFO FARFAN CALDERON
En atención a ello se remitió nuevamente el caso ante la Autoridad de Control del Poder Judicial para que determine la sanción correspondiente.
En mayo del 2025, la Autoridad de Control del Poder Judicial lo absolvió de otro proceso disciplinario iniciado en el 2022, por no haber cumplido con ejercer control sobre los servidores judiciales a cargo del expediente.
Ese mismo año, el 29 de mayo del 2025, la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso la incorporación del magistrado Farfán Calderón a sus funciones, luego de que la Autoridad de Control del Poder Judicial declaró la “caducidad” de la suspensión del referido magistrado que se había emitido en abril del 2023.
JUEZ ADOLFO FARFAN CALDERON
Habeas corpus contra acusación
Antauristas amplían recurso a favor de Roberto Sánchez
Tomas Alberto Soldevilla Guerra, fundador del disuelto partido político liderado por Antauro Humala, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) amplió su pedido ante el Poder Judicial, a fin de que el candidato presidencial Roberto Sánchez, no sea impedido de ejercer cargo público.
Ello, en el marco del habeas corpus que interpuso Soldevilla en contra de la acusación en su contra por el presunto delito de falsa declaración en perjuicio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
A través de un escrito -firmado por el abogado Jesús Barboza, asesor legal del partido A.N.T.A.U.R.O – a la que accedió El Comercio, se argumentó que de acuerdo a la Convención Americana, los derechos políticos de un ciudadano elegido por voto popular no podían limitarse salvo condena firme dictada por un juez competente en proceso penal.
Además, se calificó de “inconstitucional” someter a Sánchez a un juicio oral que desestabilizaría el proceso electoral y la (presunta) proclamación como máximo representante del país.
Ello, debido a que la fiscalía está solicitando 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad.
“En el presente caso, la inhabilitación y la pena solicitadas por la Fiscalía demandada constituyen un intento de restricción prematura e inconvencional de los derechos políticos del beneficiario, pues buscan frenar la transición presidencial y vulnerar el derecho del pueblo peruano a elegir libremente a sus gobernantes, antes de la existencia de un juicio oral y mucho menos de una sentencia firme”, señalaron en su escrito.
Cabe precisar que el pedido fiscal de inhabilitación es para que no pueda ejercer el cargo de presidente del partido político Juntos Por el Perú.
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