Hay dos prioridades del gobierno entrante. Una es el fenómeno de El Niño. Hay que atacarlo inmediatamente, empezar a trabajar, y la otra prioridad es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que nos tiene agobiados. Pero, sin duda, hay que empezar a terminar las obras que no se han culminado, hay que asignar presupuesto. Eso es una coordinación con el Congreso que tiene que hacerse muy rápido, hay que coordinar con los gobiernos regionales y provinciales y con el sector privado, para ver cómo nos involucramos también en la emergencia de El Niño.
—El último jueves, la presidenta ha hecho una convocatoria al sector privado para colaborar con el tema de El Niño. ¿Cómo responden a este llamado?
La colaboración del sector empresarial siempre se ha evidenciado en los momentos más difíciles que ha enfrentado el país. Cuando el Perú nos necesita, el empresariado responde y dice presente. Así ocurrió durante la pandemia del COVID-19, cuando desde la Confiep articulamos el apoyo de empresas y gremios empresariales para fortalecer la capacidad del sistema de salud pública. También lo hicimos durante la emergencia ocasionada por el ciclón Yaku, donde la colaboración empresarial a las poblaciones afectadas fue canalizada a través de la iniciativa Hombro a Hombro. Frente al riesgo del fenómeno El Niño, el sector empresarial reafirma ese compromiso. Hacemos un llamado a las empresas a mantenerse preparadas para sumar esfuerzos y coordinar, junto con las autoridades, las acciones que permitan atender de manera oportuna a las personas y zonas más afectadas.
—¿Cómo entender que solo el 3% del crédito suplementario –que se estima sea aprobado por la Comisión Permanente el lunes– sea para el fenómeno de El Niño?
Nos preocupa esta situación. No es coherente que el Gobierno pida la aprobación de un crédito suplementario de más de 9.000 millones de soles y asigne solo el 3% a las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño. Por lo menos, el 50% del presupuesto solicitado se pretende destinar a gasto corriente y no en lo que realmente se necesita, más aún cuando se estima que el golpe de El Niño tendrá una magnitud similar o mayor a los ocurridos en los años 83 y 98. Entonces, no solo se necesitarán acciones de prevención sino una fuerte inversión para la reconstrucción.
—Si bien es cierto las expectativas de crecimiento han disminuido, se estima que los factores que impulsarán el crecimiento entre el 2026 y el próximo año compensarán ampliamente el fenómeno, porque hay mejores expectativas empresariales, aunque va a haber un impacto negativo en agricultura y en pesca.
El análisis del BCR también es muy optimista. Las expectativas empresariales están en su mejor momento. Incluso ya venían bien, el año pasado las inversiones han crecido 10% en pleno proceso electoral y con una propuesta radical de cambio de Constitución y todo. Con un gobierno ya más propenso a la iniciativa privada, las expectativas han crecido y van a seguir creciendo.
(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
/ HUGO PEREZ
—Entonces, más allá de El Niño, ¿la expectativa empresarial sigue siendo positiva?
Sí, porque el país tiene potencial para crecer mucho más arriba del 3,2%, 3,3%; puede crecer al 5,6%. Aunque El Niño le quite un punto a eso, un punto y medio, seguiríamos con un buen crecimiento. Ahora, obviamente esto tiene que madurar, el 2026 ya la proyección no va a ser tan alta, porque venimos de un cambio de gobierno. Pero el 2027, el 2028, sí tendríamos todas las posibilidades de crecer a esos ritmos, si empezamos a hacer las cosas bien y si es que este fenómeno de El Niño no nos golpea demasiado. Para eso hay que hacer una labor de prevención y un trabajo inmediatamente.
—¿Los gremios han tenido algún acercamiento con la presidenta electa tras su proclamación? ¿Cuál sería el rol de los empresarios en un gobierno Keiko Fujimori?
Hemos tenido una reunión con el vicepresidente electo Luis Galarreta y con su jefe de plan de gobierno, Marco Vinelli, y él nos ha explicado cuál es su visión de país, cuáles son sus prioridades. Ellos creen en la inversión privada, en el modelo de desarrollo a través de la iniciativa privada, obviamente va a dar las facilidades para que la iniciativa privada fluya con velocidad. Hay que emprender un plan de destrabe burocrático para que las inversiones fluyan y los proyectos se concreten con mayor velocidad. Creo que estamos bien encaminados por ahí.
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—Fuerza Popular plantea un ‘shock’ desregularotorio. ¿Por dónde debería empezar este ‘shock’?
Tendría que empezar por la minería, que es una actividad que genera una recaudación importantísima para el Estado, produce divisas y tenemos 64.000 millones de dólares en proyectos que hay que echar a andar. En los últimos años, los trámites –desde que una compañía explora hasta que empieza a explotar–, se han multiplicado y lo que antes demoraba 10, 15 años ahora está demorando 25, 30 años. No es posible que no aprovechemos los precios de los minerales que tenemos ahora y peor aún, cuando no han salido adelante proyectos mineros importantes, después han sido invadidos por la minería ilegal. Eso es nefasto para el país. Entonces, un ‘shock’ de destrabe empezando por el sector minero, creo que sería muy interesante.
—Este Congreso aprobó, en la Comisión de Energía y Minas, la ley de concesiones mineras, que establece como plazo máximo de 15 años a las empresas para que puedan poner en marcha las concesiones. ¿Cree que el siguiente Congreso tendría que archivar o reformar este proyecto?
Eso no puede pasar, porque si sabemos que los proyectos tienen esos plazos de maduración, ¿cómo vamos a darle 15 años de concesión? Pues eso es un absurdo. No conozco la técnica parlamentaria exacta para decir si esto debe archivarse o debatirse más. Yo creería, desde una primera impresión, que esto debería archivarse.
—El 31 de diciembre de este año se vence el plazo del Reinfo. Según especialistas como Luis Carranza e Iván Arenas, a un gobierno entrante no le convendría desactivar el Reinfo porque van a ganarse una convulsión social de entrada.
Nosotros no estamos de acuerdo con que se amplíe el Reinfo. Cinco meses no es mucho tiempo, es verdad, pero en cinco meses se puede sacar una buena ley MAPE. Además, ya hay proyectos de ley que habría que perfeccionar o revisar. Pero no podemos decir: “Porque no hay tiempo para que aprobemos una buena ley de minería pequeña, artesanal y demás, extendamos una vez más el Reinfo”. Eso no es bueno para el país, no es bueno para la seguridad ciudadana.
—En términos políticos, un nuevo gobierno quisiera evitar un levantamiento social si de entrada dicen que no va más el Reinfo. ¿No evalúan esa posición política?
Sí, pero eso va a ocurrir en cualquier etapa del gobierno. Puede ocurrir el primer año, el segundo, el tercero, en cualquier etapa va a haber un levantamiento social, que esperemos no sea muy grande, porque lo que hay que hacer es dar los mensajes adecuados para que la gente entienda que esta minería produce violencia, inseguridad ciudadana, contaminación, lleva mercurio a los ríos y esas poblaciones se ven muy afectadas, deforesta nuestra Amazonía y trae otra serie de actividades nefastas, como trata de personas, y eso tiene que entenderlo bien la población para que no se sume a las personas que se puedan beneficiar por esta minería ilegal.
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—Otro punto que tiene que ver también con potenciales conflictos son las normas que deja este Congreso, como el pago de CTS para el personal CAS, el tema de los maestros –que es casi una cédula viva– y otras iniciativas que dejan un forado. ¿Qué tendría que hacer el siguiente Congreso para encaminar estas normas?
Sí, eso es complejo, pero también es importante hacer entender que necesitamos una responsabilidad y una disciplina fiscal. Estas leyes se decretan sin mirar el lado económico, macroeconómico del país. Eso hay que revisarlo sin ninguna duda. Además, los especialistas, los constitucionalistas, llegan a decir que esto es inconstitucional, porque nosotros habíamos pasado por un proceso de cédula viva que anulamos en algún momento porque iba a crecer el gasto corriente de forma exponencial, y estamos volviendo a algo que habíamos superado, esto hay que revisarlo de todas maneras.
—¿Otro punto a revisar sería Petro-Perú? Según El Comercio, los balances de pérdidas eran mayores que los que la empresa presentaba. ¿Qué posición debería tener el nuevo gobierno?
Sí, es increíble que una empresa tan grande haga público un balance que no refleje toda la verdad sobre la situación de Petro-Perú. Una institución seria como Proinversión está haciendo un plan de reestructuración de Petro-Perú y creo que habría que continuar con ese plan en el cual se están dividiendo los activos entre los que no producen beneficio y los activos que sí producen beneficio y con eso se va a hacer una estructuración de la empresa para sacarla de la crisis, eso habría que continuar. Y uno de los grandes problemas de Petro-Perú es la inestabilidad y la falta de capacidad de los funcionarios que han dirigido a la empresa en los últimos años. Eso tiene que acabar. La empresa tiene que ser dirigida por personal elegido a través de concursos y donde prime la meritocracia, los mejores funcionarios, los que más conozcan del tema tienen que estar ahí. Y el otro tema son los sindicatos que abogan por que se le siga dando plata a Petro-Perú, porque quieren mantener sus privilegios y sus trabajos.
— ¿Qué perfil debería tener un ministro de Economía para esta coyuntura específica?
Para esta coyuntura y aprovechando las grandes expectativas que tiene el país y los términos de intercambios que lo están haciendo en su mejor momento, necesitamos un ministro que además tenga un perfil conocido, que invite a invertir en el Perú.
— Se ha puesto sobre la mesa el nombre de Elmer Cuba para el MEF. ¿Cómo verían los gremios empresariales ese perfil?
Con buenos ojos. Es un economista respetado, conoce mucho el tema económico y también tiene el perfil de invitar a los inversionistas, de dar confianza. Ese perfil es muy importante, como el de Lucho Carranza, que haría que las inversiones lleguen rápidamente, porque ven personas muy serias que van a mantener la estabilidad jurídica, las reglas claras y van a promover inversiones.
— ¿Qué papel tendría que tomar el Congreso para lograr consensos en esta sociedad fracturada?
En todos los países del mundo, hay un bloque oficialista y una oposición. Lo importante es que ambas partes sean responsables, sobre todo la oposición. Yo he conversado con algunos líderes de estos bloques de oposición y a veces coincidimos en muchas ideas como que hay que mejorar la educación pública, la salud pública, atraer inversiones. Hay una agenda donde creo que los acuerdos no deberían ser difíciles. Probablemente, haya otra agenda donde sea un poco más difícil de llegar a acuerdos.
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— ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente del Consejo de Ministros?
Tiene que ser más político, sin duda. Una persona que maneje el lenguaje político, que sepa articular con las diferentes bancadas, que sepa coordinar y llegar a consensos. Tiene que ser una persona muy abierta, con mucha paciencia.
— Se baraja el nombre de Luis Galarreta…
Me parece una buena opción Luis Galarreta [para la PCM].
— Otra prioridad de la que se habla es del sur. ¿Cómo se debe mirar el sur?
Hay que ver qué es lo que ha pasado con esta expectativa que no está resuelta, que no está bien enfocada, o que no está percibiendo el desarrollo económico, no ha llegado. Hay que articular mucho con los gobiernos regionales, provinciales y distritales para que se mejore la ejecución presupuestal de inversiones, de la obra pública. No es posible que el funcionario que paraliza una obra no reciba ninguna sanción. Decir ‘esta obra no me interesa porque viene del gobierno anterior o del alcalde anterior’, eso debería ser sancionado.
— A 16 días del cambio de mando ha seguido habiendo cambios en el Ejecutivo…
Estamos cerrando un quinquenio que no lo hemos sabido aprovechar. Hemos tenido demasiada inestabilidad política y eso nos ha impedido tener un mayor desarrollo y crecimiento. Eso también hay que difundirlo entre los ciudadanos que perciben que no les llega el desarrollo, y ¡cómo les va a llegar cuando tenemos un gobierno tan inestable!
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