El Ministerio Público (MP) presentó 164 elementos de convicción para sustentar la acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez y otros, por presuntamente haber declarado información falsa sobre los aportes partidarios ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña, entre los años 2018 y 2020.
Tal como lo reveló El Comercio, la fiscalía solicitó 5 años y 4 meses contra Sánchez Palomino en su condición de presidente del partido político Juntos por el Perú (JP), al acusarlo por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de la ONPE.
Sánchez Palomino y sus coacusados afrontan este proceso bajo la medida de comparecencia simple, situación que no fue variada tras la nueva acusación que presentó la fiscalía y que será analizada en el Poder Judicial (PJ) este 27 de mayo.
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Fiscalía sostiene que Sánchez y sus coacusados “consumaron” los delitos atribuidos
Tal como informó este Diario, el candidato presidencial y presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, estuvo a cargo de realizar el reporte de los aportes y gastos de campaña durante los años 2018 al 2020. Sin embargo, habría consignado información falsa en dichos reportes presentados ante la ONPE.
Respecto de la información Financiera Anual del año 2018, así como la relacionada a la Declaración de Ingresos y Gastos de la Campaña Electoral para las Elecciones del 2018, el informe presentado por Sánchez Palomino reportó que sus ingresos y egresos habrían sido “cero”.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que en aquel año sí se recibió el monto de S/204,951.36 en aportes y que fueron depositados a las cuentas de William Ricardo Sánchez Palomino, quien ostentaba el cargo de Presidente del Comité Nacional Electoral de la aludida organización política en ese momento y quien es hermano del candidato presidencial.
Nueva acusación contra Roberto Sánchez Palomino
Similar situación habría ocurrido en la data consignada en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020, así como en la declaración de los ingresos y gastos de la campaña para las Elecciones Congresales 2020 y sobre la información financiera anual del 2020.
Y es que también se detectó ingresos de aportes a un cuenta mancomunada de dos coacusados por la suma de S/75,000 y luego, un “aporte en bienes” que fue negado por el presunto aportante.
De esta manera, el fiscal Humberto Ruiz, del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, sostiene que los acusados Sánchez y otros, consumaron los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, al haber consignado información falsa en los reportes de la ONPE.
“En el presente caso, se habrían consumado los delitos que se le atribuyen a los acusados, toda vez que respecto de los delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, la información falsa habría sido declarada ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe.”
Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó 164 elementos de prueba y que de proceder el juicio oral, también se actúen otras 101 pruebas entre la convocatoria de testigos, como el expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simons, y diversas documentales.
Entre los elementos de convicción, la fiscalía presentó ocho vouchers sobre las transferencias de dinero a la cuenta bancaria en el BCP (con el Nro. 191-90141971-0-94) a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial y quien ostentaba el cargo de Presidente del Comité Nacional Electoral de Juntos Por el Perú.
Cabe precisar que William Sánchez Palomino fue excluido de este proceso en el 2025, luego que la Sala Superior declaró fundado su recurso de “excepción de improcedencia de acción” puesto que los hechos por los que era investigado (recepción de los aportes) no constituían el delito imputado en su contra.
ROBERTO SÁNCHEZ-ELEMENTOS DE LA ACUSACIÓN
Otro elementos son las declaraciones que rindieron los investigados y testigos en el caso. Una de ellas es la del acusado Raúl del Castillo, quien en la etapa temporal de la investigación se desempeñó como secretario general del Partido Político Juntos por el Perú, quien reconoció que en el 2018 realizaron “aportes” debido a que en ese momento el partido no recibía financiación.
“ (…) y para afrontar procesos electorales en esas fechas por el 2018, yo también he sido candidato, también he cotizado, porque de qué manera se cubrían los gastos para la inscripción, para hacer apelaciones, para que el comité electoral pueda movilizarse a nivel nacional (…) Entonces eso es seguramente lo que ha ocurrido a partir de que cada uno tiene que hacer su aporte (…)”, manifestó.
También obra la declaración testimonial de Juan Silva, personero legal del partido JP desde el 2019, quien señaló que “al interior del Partido Político Juntos por el Perú, eventualmente se realizan aportes voluntarios” y precisó que “el órgano del partido encargado de custodiar la información relacionada a los candidatos que representan al partido en los procesos electorales a nivel nacional es el Comité Electoral Nacional”. Es decir, el órgano partidario que en ese momento era presidido por William Sánchez Palomino, hermano del ahora candidato presidencial y quien recibió los aportes que, de acuerdo a la fiscalía, deberían haber sido informados a la ONPE.
Otra declaración clave, que para la fiscalía confirma que militantes o candidatos sí realizaron aportes que debían haber sido informados a la ONPE y ser objeto de rendición de cuentas, es la de Francisco José Espinoza Llanos, quien confirmó haberse presentado como candidato al Consejo Regional del Callao por Juntos por el Perú en el 2018 y que en ese entonces “abonó” para su precandidatura entre S/200 y S/300 por “instrucciones” que venían, una vez más, “a través del Comité Electoral nacional”.
ROBERTO SÁNCHEZ-ELEMENTOS DE LA ACUSACIÓN
Junto a estos elementos también está la declaración del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien también confirmó que en el 2018 sí se realizaron aportes de campaña. Simon Munaro sería convocado como testigo si el caso pasa a juicio oral.
“Sí, había cuotas para pre-candidatos, se fijaron montos para los que querían postular, no recuerdo los montos que se fijaron (…) hubo un informe de la elección 2018 en donde se señalaban las cuotas que se aportaron par participar en determinados cargos, dinero que debía ingresar a la cuenta del partido Juntos por el Perú.”
Los formatos de registro de aporte donde Juntos por el Perú declara haber tenido S/0.00 ingresos también fueron adjuntados como elementos de prueba.
La fiscalía también adjuntó el elemento denominado “Anexo B”, donde se describen “Aportaciones individuales en efectivo y en especie” correspondientes al período entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, por ingresos de gasta S/27,400.
Y, según lo descrito por la fiscalía, dicho monto sería resultado de la suma de dos aportaciones en especies que se respaldarían con un comprobante del 1 de enero del 2020, a nombre de Roberto Sánchez Palomino, que consistiría en volantes, llaveros, polos, banners, redes sociales, etc.
ROBERTO SÁNCHEZ-ELEMENTOS DE LA ACUSACIÓN
Sobre estos hechos, el ahora candidato presidencial realizó sus descargos ante la fiscalía señalando que “no ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos a las elecciones del 2018” y que su hermano William Sánchez no fue tesorero del partido JP.
Y, sobre el dinero transferido a dos cuentas bancarias según diversos vouchers, correspondía al dinero recibido por el Comité Electoral que tiene autonomía y no tenía la obligación de reportarlo a la ONPE.
En recientes declaraciones a la prensa, Sánchez Palomino negó haberse apropiado de dinero de Juntos por el Perú y afirmó que ese hecho fue archivado por el Poder Judicial.
Asimismo, rechazó haber consignado información falsa en los documentos financieros reportados ante la ONPE durante los años 2018 al 2020, y calificó el hecho como un “delito menor”.
“Se mantiene ahora una acusación como que yo he dado una falsa declaración, es un delito menor, que yo rechazo igual, porque como representante legal del partido, es el representante legal que por ley tiene que suscribir y correr traslado a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)”, señaló el exministro del golpista Pedro Castillo.
ROBERTO SÁNCHEZ-ELEMENTOS DE LA ACUSACIÓN
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