Casi dos semanas después de la primera vuelta, dependiendo de con quién hablemos, estamos siendo testigos de un desvergonzado fraude electoral que quiere quitarle a Lima su voz y voto en el proceso democrático o, creo yo, ante la muestra más clara de cómo se ve y opera un Estado que ha sido dinamitado por dentro.
Así como las fuerzas políticas en el Ejecutivo y el Legislativo no han podido –ni querido– combatir la minería ilegal, mejorar la calidad de la educación universitaria o implementar la reforma del servicio civil, tampoco han buscado realmente resolver los problemas de nuestro sistema electoral y político que han terminado gestando este desastre.
Las elecciones eran una de las pocas cosas que aún hacíamos más o menos bien. Pero el cáncer de la incapacidad y la corrupción en el aparato estatal ya ha hecho metástasis.
Cuando tenemos al jefe de la División de Bandas Criminales de la Policía implicado en robos, al candidato que defienden nuestras supuestas élites ilustradas hablando vulgaridades en un mitin público, cuando políticos y funcionarios proponen salidas a la crisis que violan la Constitución y nuestro marco legal, cuando el presidente es casi un elemento decorativo e igual se las ingenia para crear incendios, no nos debería sorprender demasiado que un proceso logísticamente complejo como las elecciones esté plagado de negligencias y torpezas que reducen aún más la confianza en nuestras instituciones y autoridades. Sin dejar de lado las responsabilidades individuales, que deben investigarse y sancionarse con severidad, esta debacle era casi esperable.
Y esta pesadilla recién comienza. Nos embarcamos hacia una segunda vuelta que, tal vez, no sea la que deseamos pero es la que nuestras fuerzas políticas diseñaron a través de las reformas de los últimos años. A nadie más que a unos cuantos aspirantes a la presidencia les podría haber parecido una buena idea que tengamos elecciones con más de 30 candidatos y que solo dos pasaran a la segunda vuelta. De todas maneras íbamos a tener un escenario en el que una buena parte del país sintiera que su voz no se escucha y, esta vez, le tocó a los limeños lidiar con esa sensación que muchos compatriotas vienen soportando hace décadas.
¿Qué queda ahora? Necesitamos respirar hondo. El país está viviendo un ataque de pánico y lo que es difícil en estas circunstancias es pensar con claridad. Pero ningún problema se ha solucionado con salidas diseñadas en caliente. Exijamos que las decisiones que se tomen no golpeen aún más esa ya muy debilitada institucionalidad y, pasada la tormenta, busquemos que las futuras reformas nos saquen de este hoyo, en lugar de seguir hundiéndonos más.
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