A junio de 2026, el promedio de ejecución presupuestal para obras, entre las más de 1.800 municipalidades a nivel nacional, alcanza el 59%. Una revisión a los últimos tres periodos de gestión edil muestra que el promedio no llegó a superar el 63%, y el panorama resulta más preocupante si se observa el monto que dejaron de gastar: S/ 114 mil millones.
Con dicho monto no ejecutado, las administraciones municipales habrían podido construir 95 hospitales de alta complejidad, 2.280 colegios modernos, o 14.250 kilómetros de carreteras.
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Otro dato que resalta es que la proporción de alcaldes que cierran el año con menos del 50% de ejecución se viene incrementando. En el periodo 2015-2018, representaban el 7%, y para la siguiente gestión subió a 14%. En lo que va del 2026, la cifra se mantiene en un 25%. Si bien el porcentaje actual podría reducirse hacia finales de año, el panorama ahora muestra que 1 de cada 4 alcaldes registra una ejecución menor al 50% de su presupuesto.
Problemática subnacional
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), comentó que es más complejo ejecutar el presupuesto de inversión frente al referido al gasto corriente (planillas), debido a la cantidad de procesos necesarios como la planificación, la programación de proyectos, la realización de estudios de factibilidad, la licitación, entre otros aspectos.
Recordó que un gran problema es la falta de capacidades a nivel subnacional para ejecutar adecuadamente. Indicó en el primer año de gestión hay mayores complicaciones y los siguientes años son, más bien, de aprendizaje. Sin embargo, sostuvo que existe un problema cuando no se adquiere esta experiencia técnica, no se capacita al personal o no se cuenta con profesionales idóneos.
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“No es sorpresa que los municipios concentran el 70% de las obras paralizadas a nivel nacional. Esta falta de capacidad dificulta mucho que se utilicen los recursos”, comentó.
Por su parte, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, apuntó a la insuficiente capacitación, además del cambio constante de las normas que regulan las contrataciones públicas. En línea a este último punto, recalcó que se han presentado dificultades con la plataforma Invierte.pe –que reemplazó al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)– para concretar adecuadamente las obras.
“Respecto del SNIP, la información [en Invierte-pe] es mucho más débil y el análisis técnico también. Esto se está presentando a niveles subnacionales. Desde que entró en vigencia Invierte.pe, se han perdido prácticas de gestión pública”, anotó.
A ello, según Gaviño, se agregan aspectos como la rotación de funcionarios, la corrupción, la politización, y falta de planificación territorial.
En los últimos tres periodos municipales, los alcaldes apenas llegaron a ejecutar un promedio de 63% del presupuesto asignado para proyectos de inversión.
Más recursos, menos ejecución
Existen escalas en la asignación presupuestal de las municipalidades. Si revisamos las gestiones con mayores recursos, existen patrones a tener en cuenta, como lo ocurrido con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de San Marcos (Áncash), las cuales se han mantenido, dentro de los últimos tres periodos, entre las que mayores recursos dejaron sin ejecutar.
En el caso de Lima, la peor situación se visibiliza en el periodo 2014-2018, donde el promedio de ejecución presupuestal para obras fue de 50%, siendo el peor año el 2017, donde el gasto llegó a apenas el 23% de los S/ 808 millones asignados para el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
San Marcos, considerado el distrito más rico por el canon minero recibido, se posiciona en los dos últimos periodos como la gestión con mayores recursos no utilizados. La gestión edil registra años como el 2015 donde su ejecución apenas llegó al 19%, o el 2017 cuando alcanzaron apenas 17%. En lo que va del 2026, apenas llegan al 24% de un presupuesto que supera los S/ 776 millones.
El economista Puccio explicó que el distrito de San Marcos presenta más de 1.000 proyectos programados a ejecutarse en el 2025, así como existían jurisdicciones con 100 o 200 proyectos de inversión programados. En ese sentido, sostuvo que una municipalidad no tiene la capacidad para ejecutar tal cantidad de obras. Además, según agregó, existe el riesgo de que se queden sin recursos aquellos proyectos con un mayor impacto en la sociedad.
Para revertir esta situación, Gaviño alegó que se pueden realizar mesas de trabajo preventivas, planes de ordenamiento territorial, una programación multianual de inversiones, así como formular y diseñar estas inversiones. “Parece que no hay la voluntad política de ‘tomar el toro por las astas’ cuando se trata de mejor aprovechamiento del canon (minero)”, apuntó.
Asimismo, recomendó la continuidad en los equipos del gobierno nacional para estos trabajos, así como continuar la articulación con el sector privado para que continúen generándose espacios para actividades público-privadas.
La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de San Marcos (Áncash) son dos claros ejemplos de recursos desperdiciados en los últimos tres periodos de gestión edil.
El factor electoral
De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, ¿qué le debe de exigir la sociedad a sus alcaldes de los gobiernos subnacionales? Según Gaviño, se deben de solicitar propuestas claras de desarrollo, la apuesta por la meritocracia y que los mejores profesionales lleguen al Estado, así como dar continuidad a las buenas obras.
Añadió que se debe exigir participación ciudadana para que las autoridades subnacionales conozcan las necesidades que tiene su jurisdicción.
Por su parte, Puccio recalcó que los electores deben exigir preparación a las autoridades y contar con funcionarios idóneos con capacidad técnica.
“El primer año de gestión es complejo, pero si se preparan lo suficiente durante ese proceso, se pueden hacer mejoras a futuro”, enfatizó el economista.
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