El mes pasado, se aprobó la delegación de facultades al Ejecutivo en diversas materias. Es obvio que los temas de inseguridad ciudadana son prioritarios por los efectos que pueden tener en los ciudadanos y el crecimiento económico, sobre todo ahora que empiezan a aparecer noticias que hacen evidente el efecto adverso de este tipo de situaciones.
Es precisamente en el ámbito económico en el que recomendamos prudencia. Resulta necesario mejorar la eficiencia de la economía a través de reformas que fomenten el crecimiento económico. Con proyectos de segunda generación y apoyo político es bastante lo que podemos avanzar para ser reconocidos por nuestras buenas prácticas en materia regulatoria si queremos ser admitidos a la OCDE.
Sin embargo, debemos advertir el riesgo que implican estas facultades: no deben impulsarse reformas al final de un gobierno que no tiene un respaldo político amplio debido a que quedan fuera de contexto con miras a las solicitudes del próximo mando. En otras palabras, muchos de los cambios que se puedan generar ahora queden sin sustento.
Esto afecta dos aspectos. En primer lugar, la sostenibilidad de las reformas. El gobierno que asuma en julio de este año debe estar en libertad de escoger qué camino seguir. Es muy poco probable que esas reformas se sostengan en el tiempo, por lo que ponerse “demasiado creativo” puede ser rechazado en el corto plazo. El segundo punto es qué reformas necesarias pueden perder vida si son lanzadas antes de tiempo. Las facultades legislativas en materia económica deben orientarse en dejar la casa en orden para quienes vengan, dejando la cancha libre para la implementación de reformas necesarias en el futuro.
Dicho esto, se debe hacer docencia, mostrar la ineficiencia e inmoralidad de las propuestas populistas que se van aprobando y que nos van a pasar factura en el futuro. Sentar las bases de un acuerdo político para evitar medidas así sería un acto de gran patriotismo. Por ejemplo, en el caso de Petro-Perú, debe hilarse fino porque es necesario hacer cambios que eviten que dicha empresa siga siendo un elemento succionador de recursos para el país.
Es ineludible, pero debe encuadrarse en el contexto en el cual estamos. Estas cuestiones se abordan en la investigación “Un rompecabezas elusivo: la reconstrucción del espacio fiscal en el período 2026-2031”, de la Agenda 2026, en la que sugiero que reconstruir el espacio fiscal requiere disciplina y políticas que aseguren bienestar social de largo plazo.
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