Para el 63% de los votantes de segunda vuelta (Ipsos dixit), la delincuencia es el principal problema del país. Ya casi nadie lo recuerda, pero hace unos ocho años el crimen organizado estaba confinado a La Libertad, Piura y Tumbes. La irresponsable negligencia y la multiplicidad de desaciertos lo trajeron a Lima y Callao, donde ahora campean la extorsión y el sicariato.
Pedro Castillo, perdido en la nebulosa, agravó el problema patentando los estados de emergencia como “la solución”, una insensatez que se extendió y perdura. Entre tanto, no se hizo nada por fortalecer las unidades de élite de la Policía, asignar presupuestos adecuados y debidamente fiscalizados, entre varios etcéteras más; pero, en cambio, se aprobaron leyes que dificultan la acción fiscal y policial. Resultado: el crimen organizado está presente en todas las regiones del país.
En los meses electorales esto ha pasado bajo el radar, pero los indicadores dan cuenta de que la situación empeora. La más cruel de sus manifestaciones es la carnicería contra conductores de toda modalidad de transporte público. Me enteré ayer, por El Comercio, de que la marea negra del terror está llegando incluso a los choferes del Metropolitano.
Que esta situación pueda revertirse en plazos breves es una gran mentira, pero una que un pueblo urgido de esperanza quiere que los candidatos le cuenten.
Veamos primero a Keiko Fujimori, dado que es favorita para ganar las elecciones porque entró a la segunda vuelta muy por encima de Sánchez y porque, según las siempre acertadas encuestas de Ipsos, tiene una ventaja de cuatro puntos porcentuales.
Ella se promueve como la candidata del orden porque continuará lo que hizo su padre, quien lo restauró en su momento derrotando a Sendero Luminoso. No sabe o no quiere admitir que no hay comparación posible. El “Partido Comunista del Perú marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo” respondía a una lógica política cuasi religiosa y totalmente subordinada a Abimael Guzmán. Capturado este y rendido cobardemente, el movimiento terrorista se desmoronó.
Lo que ahora ocurre es totalmente diferente. Hay cientos de pequeñas y medianas organizaciones criminales haciendo negocios en territorios igualmente fragmentados. Estas organizaciones son desbaratadas con frecuencia por policías y fiscales, pero, casi de inmediato, las cabezas son reemplazadas por otras. El reto es, pues, ganar muchas más batallas de las que ellos nos ganan para que, paso a paso, estas estructuras se vayan encogiendo. Y eso no se consigue en pocos meses.
Vayamos a Roberto Sánchez, bautizado –no sin motivos– como el candidato del caos. Estos no son sus temas: no los conoce y no le interesan. Su plan de gobierno en la materia es un sancochado de temas que sus autores incluyen para sostener que acabarán con la criminalidad organizada. Por supuesto, tarea imposible para un candidato que apoya la minería ilegal, la economía criminal más importante y la que más irradia violencia hacia las demás.
Estos días no ha mencionado nada relevante sobre el tema; solo tenemos como referencia el primer debate, en el que sostuvo que todo era culpa del “pacto mafioso”. Además, para atraer votos policiales, ofreció duplicar los sueldos. También, compitiendo con el más extremista de la derecha, prometió el retorno de la PIP.
No olvidemos que, en la primera vuelta, el único nombre en lista para ser ministro del Interior de un eventual gobierno suyo era el de Antauro Humala. Algo así como si matar policías lo gratifica que lo haga desde el poder. Ahora, en su complicado intento de generar menos temor, ha incorporado a su equipo al izquierdista moderado Avelino Guillén, quien brevemente fue ministro del Interior de Castillo.
Gane quien gane, no la tendrá nada fácil. El asunto es hipersensible y manejarlo mal pasaría una pronta factura.
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