En los últimos años, el debate público sobre los juicios por corrupción estuvo cargado de encarnizadas controversias. En procesos relevantes, como Los Cuellos Blancos del Puerto y diversas investigaciones de Lava Jato, IDL Reporteros y su director, Gustavo Gorriti, tuvieron un papel descollante, proporcionando informaciones exclusivas, fuertemente aliados con el Ministerio Público. La opinión pública y buena parte de los medios acompañaron favorablemente estos procesos, que lograron descubrimientos sorprendentes. La ola anticorrupción realizó una poda en la Fiscalía y el Poder Judicial, mientras los principales líderes de los partidos eran encarcelados. Sin embargo, casi todos los magistrados destituidos han retornado a sus puestos, y uno de ellos, Tomás Aladino Gálvez, es nada menos que fiscal de la Nación. La principal política imputada, Keiko Fujimori, fue elegida presidenta del Perú hace pocas semanas.
En la visión de IDL Reporteros, este volteretazo se debe a que la mafia que estuvo enquistada en el sistema de justicia ha retornado con bríos, copando los aparatos jurisdiccionales y hasta ganando el gobierno nacional. Sobrevendrá la venganza de un nuevo autoritarismo y tocará a las fuerzas democráticas organizar una resistencia. Tengo diferencias importantes con este enfoque porque no acepta que el sector justiciero de los magistrados violentó el debido proceso y desató persecuciones sin prueba suficiente, lo que al final produjo el estancamiento o fracaso de investigaciones. Pero ya escribí al respecto hace varios años y volver sobre aquello no es el propósito de estas líneas.
El tema ahora es la pretensión del fiscal adjunto supremo Edward Casaverde de imputar a Gorriti por haber, supuestamente, sobornado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El propósito habría sido obtener información privilegiada y tener espacio de influencia dentro del Ministerio Público, entre otros objetivos. ¿Con qué moneda les pagó? Con asesoramiento, informaciones a pedido y una línea editorial complaciente. Esto quiere decir que la producción periodística, cualquiera sea su mérito o miseria, puede ser considerada una coima si se refiere a un funcionario. Las pruebas que aporta el fiscal son testimonios sobre encuentros del periodista con fiscales. Por lo tanto, el manejo de las fuentes pasa a ser un objeto de escrutinio y criminalización.
Casaverde atribuye a Gorriti haber diseñado y coordinado la investigación del Caso Cocteles, a través de la orientación de actos indagatorios, identificación de personas a ser interrogadas, definición de líneas de trabajo y de posibles fuentes útiles. Además, sostiene que presionó al fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry para crear el equipo especial Lava Jato. Añade que recibió información reservada sobre el caso de Alan García, la cual, una vez publicada por IDL Reporteros, fue usada como fuente abierta por el Ministerio Público para solicitar el impedimento de salida del expresidente, un acto previo al pedido de detención preliminar que terminó en su suicidio.
La totalidad de las imputaciones descansa en declaraciones de Jaime Villanueva, quien fuera asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. No hay evidencia que corrobore su versión ni comunicaciones privadas entre Gorriti y los fiscales. Los hechos ya habían sido evaluados por el mismo fiscal en un anterior pronunciamiento, en diciembre del 2025, sin que encontrara sospecha suficiente para continuar con la investigación. Por eso archivó el caso. Ahora, sin evidencias nuevas, Casaverde ha cambiado de posición, ante una decisión superior anulatoria, por pedido de la Procuraduría Anticorrupción y de un denunciante.
Cabe preguntarse ante qué delitos estaríamos si fuera cierto todo lo que el fiscal sostiene respecto de Gorriti. Hay que descartar la usurpación de funciones, porque no se le atribuye haber realizado ningún acto funcional. Supuestamente hablaba, y los fiscales, como niños, o como poseídos por un demonio, hacían lo que él quería. Es obvio que Gorriti tuvo enorme influencia en el Ministerio Público durante la gestión de Pablo Sánchez, pero el meollo de la cuestión es si su comportamiento fue delictivo. No estamos considerando si sobrepasó sus límites profesionales, lo que correspondería al campo ético, ni si su personalidad hechizó a los magistrados, lo que sería un caso de seducción. Debemos preguntarnos si los chantajeó o los corrompió, buscando respuestas con evidencias reales, y no simplemente con las declaraciones no comprobadas del testigo Jaime Villanueva, quien, por falta de corroboración, no ha podido obtener la condición de colaborador eficaz en los procesos que se siguen contra la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Cuando Casaverde aborda la relación del periodista imputado con sus fuentes ingresa en penosas disquisiciones que hacen incomprensible su texto. Lo cierto es que siempre hay un intercambio entre una fuente y un reportero. La fuente puede desear vengarse o figurar o sencillamente hacer el bien. También puede desear dinero y obtenerlo, mas cometería delito ─lo mismo que el informador que pague─ si es funcionario e incumple una obligación. A falta de pruebas, Casaverde asume que Vela y Pérez lograron ser profesores de la PUCP como parte de un intercambio ilícito. O que el pacto corrupto incluyó una marcha organizada por el IDL frente al Ministerio Público. Un consejo, una referencia informativa, la permisión para revisar expedientes reservados (algo común en el periodismo de investigación) son propuestos como delito a falta de fundamentos.
Hay ocasiones en las que el periodista debe aceptar ser investigado por la relación con sus fuentes, pero es exigible evidencia incriminatoria significativa. Pude haber sido capturado con un prófugo con cuya información preparaba un libro, y un juez hubiera debido dilucidar si mi propósito era tal o sustraerlo de la justicia. Daniel Santoro, del diario argentino Clarín, fue imputado porque una fuente suya quiso cobrar para que él no publicara información sobre un caso. Un tribunal federal determinó que no participó en modo alguno en la extorsión y que el proceso se extendió más allá de los límites razonables, violentando la libertad de expresión. De otro lado, las investigaciones sobre filtraciones ponen el acento en el funcionario que pudiera haber incumplido una obligación de reserva, no sobre el periodista.
El núcleo de la imputación a Gorriti es una actividad periodística protegida. Por ejemplo, publicar investigaciones, editoriales y tuits, y cultivar fuentes dentro de las instituciones. Aquí hay un riesgo de convertir la cobertura ‘favorable’ en objeto de soborno, eliminando la frontera entre periodismo y corrupción. La decisión fiscal transgrede los derechos de la prensa a buscar y recibir información y a la reserva de la fuente. El fiscal ataca esta relación. Más aún, el soporte documental para la configuración del delito lo constituyen documentos periodísticos, que son convertidos en la base de un supuesto pacto corrupto. Casaverde tendría que haber acreditado un intercambio ilícito verificable más allá del ejercicio del periodismo. Estamos ante una criminalización de la actividad de la prensa.
Durante el apogeo de Vela y Pérez se cometieron abusos aún no plenamente conocidos. El editor del Gato Encerrado, Rafael Hidalgo, fue investigado por lavado de activos durante seis años, en la exótica modalidad de asesoría de comunicaciones, con incautación de bienes y acoso a sus clientes, por brindar un servicio a Odebrecht y, posteriormente, por criticar el acuerdo de colaboración eficaz. Ahora que la tortilla se ha volteado, la incriminación a Gorriti huele a venganza, aunque acabará derrotada por culpa de una imputación frágil. El fiscal de la Nación no debería autorizar que continúe la investigación con los supuestos mencionados. Falta conocer aún muchas cosas del período anterior. No descartaría, y hablo en serio, que el propio testigo, Jaime Villanueva, termine declarando que fue víctima de una coacción para que produjera las confesiones que provocaron un terremoto en el Ministerio Público.
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