Piero Corvetto renuncia y gerente general asume jefatura interina de la ONPE: Los detalles del proceso en la JNJ

Un documento ingresado a las 12:09 p.m. de este martes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a la institución la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, en medio de una investigación preliminar y de los escándalos e irregularidades reportados durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Al interior de la Junta hubo movimiento apenas se recibió la carta. Asesores y asistentes se abocaron a revisar e imprimir leyes orgánicas para determinar la viabilidad de la repentina dimisión del máximo encargado de los procesos electorales. ¿El objetivo? Convocar a un pleno extraordinario para evaluar el caso.

Una fuente interna comunicó de la situación a este Diario, que no dudó en contrastar la información con las instituciones respectivas, las cuales confirmaron poco después la veracidad de la renuncia. Y tras varios minutos, Corvetto hizo pública su salida, en su cuenta personal de “X” (antes Twitter) .

En ella aseguró que cumplió con integridad su función al frente de la ONPE, que se preparó desde siempre para asumir el cargo, pero que los problemas “ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.

“Pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización, que sin dudas las hay, y sobre las que me corresponden responderé; quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, afirmó.

Aseguró que en esta coyuntura no se encontraba en situación de contribuirle a la estabilidad democrática y al mejor futuro del país, debido a las denuncias e irregularidades en las mesas de votación.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial”, dijo.

En la tarde del martes, Corvertto pidió sin más justificación a los miembros de la JNJ que la renuncia sea aceptada en el más breve plazo.

—JNJ acepta la renuncia de Corvetto y declara su vacancia—

Y fue así. Al promediar la 1:00 p.m. la JNJ informó que Corvetto presentó su carta y que ante esa situación la Presidencia de la JNJ convocó a un pleno extraordinario.

“Luego de la deliberación, se acordó aceptar por unanimidad a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Corvetto al cargo de jefe de la ONPE. Además, se acordó comunicar el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec)”, indicó en su comunicado.

Precisó que la JNJ continuará la investigación preliminar seguida al exfuncionario por los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril, conforme a las atribuciones constitucionales de la JNJ.

Agregó que la JNJ reafirma que su actuación se desarrollará con estricto respeto al debido proceso y de acuerdo con el mandato constitucional, en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la defensa del sistema democrático.

Más tarde, este Diario también tuvo acceso a la resolución de la JNJ en la que se acepta la renuncia de Corvetto y se declara la vacancia al cargo de jefe de la ONPE.

“Primero: Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia formulada por el señor Piero Corvetto al cargo de jefe de la ONPE sin perjuicio de la continuidad de la investigación preliminar. Segundo: Declarar la vacancia al cargo de jefe de la ONPE y comunicar la presente resolución al JNE, ONPE, y Reniec para los fines de ley”, reza el documento.

—¿Quién reemplazará a Piero Corvetto en la ONPE?—

La ONPE informó que según su Ley Orgánica si el cargo de jefe queda vacante durante el proceso electoral, asume como jefe interino, que actualmente es el gerente general Bernardo Pachas Serrano.

Se trata del funcionario de jerarquía inmediatamente inferior, según detallan en un comunicado.

De acuerdo con lo consignado en la web de ONPE, Pachas es abogado, con estudios de maestría de Derecho Constitucional y experiencia laboral en el “asesoramiento de organismos electorales (Reniec y ONPE)”.

Poco antes del comunicado, Silvia Guevara, experta en temas electorales, señaló que la persona que debería suceder a Piero Corvetto es el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. Guevara aseguró que ello está sujeto al artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, que refiere que tras declarar la vacancia del jefe de la ONPE a quien le tocaría asumir de forma provisional es el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior al jefe en un plazo no mayor de tres días.

“Aceptó la renuncia de Piero Corvetto. Lo que corresponde ahora es que, como no puede haber un vacío de poder, en este caso tienen que encargarse las funciones a otra persona. Según lo que dice el artículo 15, se puede entender que es el que le sigue, en este caso el inmediato superior que se puede entender que es el gerente general. Entonces podrían designar al gerente general de forma interina para que asuma la encargatura de manera temporal”, refirió.

A modo de antecedente, Guevara recordó que en el 2018 Manuel Francisco Cox Ganoza fue designado jefe interino de la ONPE cuando Adolfo Castillo fue suspendido por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de una investigación por las facilidades que habría recibido el partido Podemos Perú.

De otro lado, Guevara indicó que la Junta deberá convocar después a un concurso y finalmente elegir a quien sería el jefe de la ONPE, el mismo que no tendría que ser inmediato. Según la Ley Orgánica, esto debería ocurrir dentro de los 45 días hábiles de declarada la vacancia de Corvetto.

“En lo que corresponde a la Junta Nacional de Justicia deberán convocar a un concurso y finalmente luego elegir a quien sería el jefe de la ONPE. No tendría que ser de inmediato porque a pesar de que Corvetto renunció, eso no significa que la JNJ no pueda continuar con el procedimiento administrativo y finalmente sancionarlo”, añadió.

Cabe indicar que la JNJ debe iniciar un concurso público para seleccionar al jefe de la ONPE, proceso que incluye varias etapas de evaluación. En primer lugar, los postulantes rinden un examen de conocimientos para medir su capacidad técnica, seguido de una evaluación curricular en la que se analiza su trayectoria profesional y hoja de vida.

Luego, los candidatos pasan por una entrevista personal para determinar su idoneidad para el cargo. Finalmente, tras el mayor puntaje obtenido durante el proceso, el pleno de la JNJ designa al nuevo jefe con el voto de por lo menos los dos tercios del numero legal de miembros. El jefe de la ONPE asume funciones por un período de cuatro años

—Candidatos presidenciales se pronuncian—

Por la tarde, el partido Juntos por el Perú —de Roberto Sánchez— emitió un comunicado en el que señaló que la decisión configura una “perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa fraudista, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral”.

“Estas acciones son una grave amenaza al proceso electoral y correcto respeto a la voluntad ciudadana, en un momento en el cual los organismo electorales vienen reportando de forma pública y oficial el pase a la segunda vuelta de Juntos por el Perú”, dijo.

Por su parte, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) consideró que la renuncia de Corvetto es una buena noticia para los peruanos. “Más allá de su salida yo creo que es muy importante que instituciones correspondientes como la Contraloría, JNJ, el Ministerio Público y la propia prensa pudieran indagar sobre lo que ha pasado en la primera vuelta y se puedan tomar medidas correctivas para que esto no suceda en la segunda”, refirió.

Cuestionó el comunicado de Juntos por el Perú porque “corresponde a todos los partidos esperar el pronunciamiento del JNE” para saber qué medidas corresponderían o no.

Señaló a Corvetto como responsable de las irregularidades y que la reciente medida es saludable para el proceso electoral.

“Todos los peruanos merecemos saber la verdad y saber por qué ocurrieron estas grandes deficiencias porque hubo mesas que se abrieron tarde”, añadió.

—Continúa la investigación—

Paralelamente a la renuncia, este Diario conoció el martes por la mañana que la JNJ, a través del consejero Gino Ríos, miembro instructor de la investigación preliminar contra Corvetto, solicitó a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C un informe detallado sobre su participación en el traslado de material electoral en cada uno de los locales de votación y los chats de WhatsApp que tuvo con funcionarios o representantes de la ONPE antes y durante los comicios.

Esta disposición fue emitida en un documento el viernes pasado y otorgó a dicha empresa entregar lo requerido en un plazo de tres días hábiles. Galaga fue elegida por la ONPE entre tres firmas que participaron en el proceso de licitación. Hermes Transportes Blindados y el Consorcio AFE fueron parte de ese proceso.

En primer lugar, la JNJ pidió a Galaga informar sobre las razones estructurales, técnicas y operativas por las cuales la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. no entregó oportunamente el material electoral y los equipos informáticos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, los días 10 y 11 de abril del 2026, de acuerdo con lo establecido por el “Plan operativos electoral elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2026.

En segundo lugar, requirió los correos electrónicos, mensajes de texto y/o mensajes a través de la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” que los representantes o trabajadores de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. le habrían enviado a los representantes o funcionarios de la ONPE los días 10, 11 y 12 de abril del 2026, comunicándoles que no les habrían entregado el material electoral y/o los equipos informáticos para poder transportarlos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

En tercer lugar, solicitó las cartas notariales cursadas por la ONPE por parte de la empresa Galaga.

—¿Qué dice la empresa Galaga sobre la ONPE?—

La empresa Galaga envió una carta notarial a la ONPE solicitando la rectificación inmediata a Corvetto respecto de que hubo incumplimientos en la entrega de material electoral durante las Elecciones Generales 2026.

Refiere que cumplió con las obligaciones contractuales asumidas para el transporte de material electoral y rechaza las afirmaciones que la responsabilizan por retrasos en el despliegue logístico.

—¿Cuál es el contenido de la investigación a Corvetto?—

De acuerdo con el oficio N°00016-2026-GATRP/JNJ al que accedió El Comercio, el 13 de abril Gino Ríos solicitó al pleno de la JNJ el inicio de la investigación preliminar a Corvetto por la no instalación de un número significativo de mesas electorales, así como los retrasos generalizados en su funcionamiento.

Sostuvo que estas acciones “no solo evidenciarían un eventual incumplimiento funcional, sino que comprometerían la imagen de idoneidad, diligencia y confiabilidad que debe proyectar la máxima autoridad electoral, generando un menoscabo objetivo en la percepción pública del cargo”.

En el documento indicó que, “de acuerdo con información pública brindada por el señor Corveto Salinas, en el marco de las elecciones generales realizadas el 12 de abril del 2026, no se instalaron 187 mesas electorales, lo que habría impedido que aproximadamente 52, 251 ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio”.

“A ello se suma que diversos centros de votación instalaron sus mesas con varias horas de retraso, lo cual generó que un número indeterminado de electores se retiraran sin poder emitir su voto, afectándose de manera directa el ejercicio efectivo de un derecho fundamental”.

Para sustentar el pedido, Gino Ríos invocó el artículo 47 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ que establece que el Pleno puede ejercer de oficio su potestad disciplinaria, disponiendo la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE cuando tome conocimiento de información de la que resulte presumible la existencia de una falta disciplinaria, debiendo designarse para tal efecto al miembro instructor correspondiente.

“El artículo 8 de la Ley Orgánica de la ONPE dispone que constituye falta grave del Jefe de dicha entidad la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o lo desmerezcan en el concepto público. Esta exigencia debe interpretarse de manera concordante con el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, que establece que la Jefatura Nacional es la máxima autoridad de la institución y responsable de los procesos electorales”, refirió.

Ríos indicó que tales hechos, por su magnitud e impacto en el ejercicio del derecho al sufragio, podrían configurar una afectación directa a la dignidad del cargo, al desmerecerlo en el concepto público y erosionar la legitimidad institucional y la confiar ciudadana en el sistema electoral.

—Descargos de Corvetto y otras disposiciones—

Al cierre de esta edición, el jefe de la ONPE no había presentado sus descargos ante la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo con fuentes consultadas. Indicaron que podría solicitar la ampliación del plazo para presentar sus descargos ante el pleno de la Junta. Corvetto tendría hasta esta semana para formular su versión sobre los hechos ocurridos el domingo 12 de abril.

Otra fuente de la ONPE indicó que Corvetto tenía pensado responder lo más pronto posible a la Junta y que todo sería “dentro del plazo” respectivo.

El 20 de abril, la Junta también ofició a la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones para que en un plazo no mayor de tres días hábiles remita la denuncia interpuesta, con sus respectivos anexos, el día 13 de abril, en contra del jefe de la ONPE y otros funcionarios de dicha entidad por los delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

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