Doscientos economistas e investigadores en inteligencia artificial, entre ellos dieciséis premios Nobel, firmaron hace dos semanas una declaración con un título de urgencia: “Debemos actuar ahora”. Su reclamo no es tecnológico sino institucional: piden reformas que orienten a la IA hacia el bienestar social.
Doscientos economistas e investigadores en inteligencia artificial, entre ellos dieciséis premios Nobel, firmaron hace dos semanas una declaración con un título de urgencia: “Debemos actuar ahora”. Su reclamo no es tecnológico sino institucional: piden reformas que orienten a la IA hacia el bienestar social.
Por deformación profesional pienso en determinación simultánea: la IA no solo será regulada por nuestras instituciones, también las transformará. Y ahí veo, más que una amenaza, una oportunidad mayúscula para países como el nuestro.
En uno de sus pocos ensayos políticos, Borges escribió que el argentino “es un individuo, no un ciudadano”. Atribuía esa distancia a dos causas: que los gobiernos suelen ser pésimos y que el Estado es una abstracción inconcebible. Un siglo antes, Alexis de Tocqueville se topó con norteamericanos que se interesaban por los asuntos de su municipio como si fueran propios, porque cada uno tomaba parte activa en el gobierno de la sociedad. El ciudadano no nació de la virtud de sus autoridades —mediocres, en opinión de Tocqueville— sino de la posibilidad de participar.
Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de cerrar esa brecha entre Estado e individuo, de crear ciudadanía. Taiwán lo entendió tras las protestas que ocuparon su Parlamento en 2014. En lugar de perseguir a los hackers cívicos que las organizaron, el Estado los escuchó: ellos construyeron una plataforma de consulta donde el gobierno ponía sobre la mesa una controversia abierta: una ley que no había escrito, una regulación que no había decidido. Cualquiera podía intervenir antes de que se decidiera. No era una encuesta ni un buzón de quejas: buscaba el acuerdo que el ruido esconde. De ahí su diseño: uno propone o apoya propuestas ajenas, pero no puede responderle directamente a nadie. Los algoritmos agrupan a quienes opinan parecido, mapean el consenso y la fractura, y dan visibilidad a las frases que convencen al bando contrario. Más de veinte deliberaciones se tramitaron así; ocho de cada diez terminaron en acción del gobierno. El Estado tomó nota: creó su propia plataforma, hoy usada por más de la mitad de la población, que discute desde alcoholemia hasta protección infantil. También creó un Ministerio de Asuntos Digitales, encabezado por Audrey Tang, salida de ese grupo de hackers.
Nada de eso exigió inventar tecnología; exigió decidir usarla, y aceptar negociar donde antes se imponía. La IA puede acercar al individuo al Estado, a sus decisiones y al debate público. Un Estado en el que no se puede tomar parte es un Estado que solo se puede padecer y cuesta despreciar aquello que uno ayudó a decidir. Ojalá el gobierno que asume vea en las nuevas tecnologías algo más que un adorno de modernidad. Un Estado que funciona y escucha no solo administra mejor: se deja querer.
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