El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria” tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria” tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.
“Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, afirmó Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.
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El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han “abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.
“Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, agregó Rubio.
Las declaraciones del secretario llegan tras las palabras pronunciadas el pasado domingo por Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
“No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó el mandatario.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y hasta entonces vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
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