El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., confirmó este martes la suspensión de pagos federales a los estados demócratas de California y Minnesota para el programa social Medicaid debido a “sospechas de fraude e incumplimiento de normas”.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., confirmó este martes la suspensión de pagos federales a los estados demócratas de California y Minnesota para el programa social Medicaid debido a “sospechas de fraude e incumplimiento de normas”.
La Administración de Donald Trump retuvo 1.000 millones de dólares destinados a cubrir costes médicos para personas de bajos ingresos y advirtió que la exclusión podrían extenderse a los centros de servicios de Medicare y Medicaid y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud.
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“Medicaid existe para atender a los estadounidenses vulnerables, no para financiar reclamaciones sin fundamento”, afirmó Kennedy y defendió “la rendición de cuentas” de los programas públicos con el fin de “proteger el dinero de los contribuyentes”.
Kennedy dijo, sin aportar pruebas, que existen sospechas de gastos cuestionables en California, por lo que se han congelado 867 millones de dólares de fondos federales.
Además, se están revisando reclamaciones en 14 áreas de servicios de alto riesgo que el auditor de Minnesota calificó “como vulnerables al fraude” ante lo que la Administración suspendió otros 200 millones de dólares.
“Si esos estados quieren ese dinero. Necesitan documentar que estos pagos son legítimos”, declaró.
La “lucha contra el fraude” de la Administración Trump se ha convertido en uno de los ejes políticos centrales de su segundo mandato, sobre todo en lo relativo a los programas públicos de salud y en materia migratoria.
El Gobierno estadounidense advirtió a varios estados que podría suspender o retener miles de millones de dólares en pagos federales de Medicaid si no demuestran que combaten de forma efectiva los casos de fraude.
Medicare y Medicaid son dos programas públicos de seguro de salud, y en el caso de este último se trata de un servicio conjunto federal-estatal que cada estado administra con requisitos que pueden variar.
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