Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, sostuvo que se observarán las iniciativas que no cumplan con los requisitos constitucionales y fiscales.
Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, sostuvo que se observarán las iniciativas que no cumplan con los requisitos constitucionales y fiscales.
Además, remarcó que la prioridad será sentarse a conversar con los autores de las propuestas y en su gestión privilegiará el diálogo antes que la confrontación con el Congreso.
“Entiendo la posición de un congresista que recibe la demanda de una población que se siente postergada en sus beneficios sociales”, indicó en entrevista para RPP.
En esa línea, recordó que el Ejecutivo ya ha participado en mesas de trabajo con parlamentarios y sindicatos para buscar formulas técnicas que permitan atender dichas demandas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Cabe precisar que a finales del año pasado, El Consejo Fiscal presentó un análisis de las normas aprobadas por el Congreso y anunció que se han promulgado 299 leyes con impacto fiscal adverso durante el actual periodo parlamentario 2021-2026, con corte en el mes de octubre del 2025.
Además, en su cargo como ministra de Economía y Finanzas, Miralles anunció que el Gobierno demandaría ante el Tribunal Constitucional un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso que tienen fuerte impacto en el gasto público.
Al ser consultada sobre si sostendrá la postura anunciada previamente, recordó que la Constitución es clara respecto a las normas que implican gasto corriente.
“Si se crea un derecho laboral que no es un gasto de un solo año, sino permanente, tiene que tener identificada su fuente de ingresos constantes. Si no, no puede ser aprobado”, sostuvo.
La titular de la PCM explicó que este criterio busca asegurar que los derechos reconocidos puedan cumplirse efectivamente y no queden en el papel por falta de respaldo presupuestal.
Según Miralles, la estrategia es incorporar desde el inicio mecanismos claros de financiamientos dentro de la propia norma antes de elevarla, evitando así conflictos y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional.
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