La Fiscalía de Colombia se retractó este lunes de la imputación que había anunciado contra el jefe del organismo estatal de protección de personas amenazadas, por presunta omisión en el magnicidio del precandidato opositor Miguel Uribe Turbay.
El ente acusador anunció más temprano que presentaría cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pero horas después dio marcha atrás, argumentando que la fiscal que presentó la imputación no tenía las “competencias” necesarias.
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Hay un grupo “creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, dijo la Fiscalía en un comunicado. Únicamente este equipo de fiscales puede presentar cargos.
El senador opositor y presidenciable de derecha recibió varios disparos durante un mitin el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió en agosto, tras dos meses internado en un hospital. Los familiares del político y la oposición criticaron que Uribe no contaba con el número adecuado de escoltas, en un caso que sacudió la carrera por las elecciones presidenciales de 2026.
Según la Fiscalía, la investigación contra el alto funcionario seguirá “por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato”.
Rodríguez, exguerrillero del M-19 cercano al presidente Gustavo Petro, está al frente de la UNP desde que arrancó el mandato izquierdista en 2022.
“Nunca me han llamado (de la Fiscalía) a escucharme sobre la versión que tiene la Unidad Nacional de Víctimas (…) Es absolutamente falso que hubo un descuido”, dijo Rodríguez ante medios de comunicación.
El magnicidio levantó alertas sobre la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, que se celebrarán en los próximos meses.
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También revivió el fantasma de la violencia política en Colombia durante las décadas de los 80 y los 90, cuando el narco mató a varios candidatos presidenciales.
Hasta el momento hay nueve detenidos por el asesinato, incluido un menor de edad que disparó contra el senador de derecha y fue sentenciado a siete años de reclusión.
Las autoridades colombianas van detrás de los autores intelectuales del crimen y tienen como principal sospechosa a la Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.
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