El próximo gobierno heredará un sistema de salud al borde del colapso administrativo por el copamiento institucional de este último quinquenio. Quien llegue a Palacio en julio no solo recibirá una economía débil y un país polarizado, sino que también deberá lidiar con un sistema de salud debilitado institucional y técnicamente. Un sistema cuya capacidad de conducción se ha ido vaciando en estos últimos años y donde la planificación ha ido siendo reemplazada por la inmediatez.
Una de las más importantes lecciones que dejan estas elecciones generales es el castigo a los partidos que, según la percepción ciudadana, legislaron en función de sus propios intereses. Como lo demuestra un reportaje emitido por la Unidad de Investigación de Latina Noticias este domingo, esto es lo que habría pasado con Alianza para el Progreso (APP) y su copamiento evidente en el Ministerio de Salud (Minsa). Y, si bien no se dice en el programa, lo cierto es que también se percibe el mismo copamiento en Essalud. APP no pasó la valla electoral y, en la práctica, desaparece como partido político.
El citado reportaje detectó que entre junio del 2021 y febrero del 2026, 589 afiliados al partido de César Acuña trabajaron en el Minsa. Ese ‘detalle’ le costó al Estado Peruano más de 37 millones de soles en planillas. De esos partidarios, 188 egresaron de las universidades César Vallejo y Señor de Sipán, vinculadas a la familia Acuña.
Cuando un ministerio es capturado por lógicas ajenas a su función principal, el problema no es quién entra, sino lo que deja de pasar: se debilitan los equipos técnicos, se interrumpe la continuidad de las políticas, se diluyen las responsabilidades, pero, sobre todo, se pierde la capacidad de anticipar. El sector deja de mirar a mediano plazo y empieza a moverse, casi exclusivamente, en el terreno de la reacción.
Por eso, la salud pública se ha ido gobernando desde la contingencia. Hemos visto cómo la falta de medicamentos, las listas de espera, los conflictos en la gestión hospitalaria y los cambios de autoridades se han vuelto la constante.
A esto se suma lo peligrosa que es la normalización de esta forma de gestión. Se ha vuelto habitual que el sistema funcione al límite, que las crisis se encadenen y que las soluciones lleguen siempre después.
La buena noticia es que algo empieza a moverse en otro plano más trascendental. El que varios de los partidos asociados a este tipo de prácticas hayan quedado fuera del mapa político revela que los ciudadanos están estableciendo vínculos cada vez más claros entre decisiones políticas y resultados concretos. Como dijo Rolando Arellano el sábado en RPP, esto demuestra que “la democracia está viva”, que los ciudadanos sí somos conscientes de que lo que hacen los políticos –así gasten millones de soles en tiktokers y en campañas vacías de mensajes– impacta directamente en nuestra vida.
La salud es, probablemente, uno de los espacios donde esa conexión entre decisión política e impacto en el bienestar se vuelve evidente. Allí la política deja de ser abstracta. Cuando alguien gana una licitación que no debía y, como consecuencia de ello, un enfermo empeora o muere, el ciudadano entiende cómo la corrupción sí enferma, sí mata.
Por eso resulta llamativo que, en el debate público, la salud siga ocupando un lugar tan marginal. Se menciona su importancia, pero sigue sin discutirse en serio cómo quien llegue a Palacio gobernará un sector que hoy muestra señales tan claras de desgaste institucional. ¿Cómo reconstruirá la capacidad técnica del Minsa? ¿Cómo blindará la gestión de Essalud de la interferencia política? ¿Cómo ordenará un sistema fragmentado que hoy funciona sin articulación? ¿Cómo garantizará el acceso oportuno a medicamentos y servicios? Eso es lo que necesitamos discutir.
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