El Ejecutivo lo llama una “línea de crédito privado”. Lo presenta como un mecanismo técnico, moderno, alejado del gasto público. Nada más lejos de la realidad. El decreto de urgencia publicado esta semana, que autoriza un financiamiento de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú, no es otra cosa que un nuevo rescate estatal disfrazado con el traje de la banca internacional.
El Ejecutivo lo llama una “línea de crédito privado”. Lo presenta como un mecanismo técnico, moderno, alejado del gasto público. Nada más lejos de la realidad. El decreto de urgencia publicado esta semana, que autoriza un financiamiento de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú, no es otra cosa que un nuevo rescate estatal disfrazado con el traje de la banca internacional.
La estructura jurídica es sofisticada: una sociedad de propósito especial, un fideicomiso administrado por Pro Inversión, una garantía “no financiera” del Ministerio de Energía y Minas. Pero detrás de esa arquitectura legal se esconde una verdad simple: Petro-Perú no puede pagar esa deuda. Una empresa con pérdidas estructurales, patrimonialmente deteriorada, con su refinería de Talara operando aún por debajo de su capacidad y con más de US$4.700 millones en apoyos estatales recibidos desde el 2022, no va a generar los flujos necesarios para honrar US$2.000 millones adicionales en siete años. Y si no los genera, los pagará el Tesoro Público. Es decir, todos los peruanos.
Lo más indignante no es solo el monto, sino lo que ese dinero podría haber financiado. Con US$2.000 millones se podrían construir 300 colegios Bicentenario de última generación, entre 15 y 20 hospitales de alta complejidad para regiones que hoy carecen de atención especializada, o financiar más de dos años completos del programa Pensión 65. En lugar de eso, ese dinero irá a sostener una empresa que en más de una década ha consumido S/32.000 millones del erario, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía.
Este desenlace era previsible. Cuando el gobierno de Balcázar dio marcha atrás en la reorganización de Petro-Perú, derogando en los hechos el espíritu del Decreto de Urgencia 010-2025 y reincorporando a los gerentes de la “vieja guardia” que habían sido separados en febrero, quedó claro que no había voluntad real de reforma. La presión sindical bastó para que el Ejecutivo cediera, sepultando el tibio intento de transformación y allanando el camino para este nuevo rescate.
El gobierno saliente deja así una bomba fiscal de tiempo en las manos del próximo. El pozo de Petro-Perú no tiene fondo, y cada vez que el Estado se asoma a él con más millones, arrastra con él recursos que podrían haber cambiado la vida de millones de peruanos. Esa es la farsa que el Ejecutivo prefiere no nombrar, porque está rescatando lo irrescatable.
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