Me causa enorme ira el intento de los congresistas de dar a una segunda oportunidad a los choferes borrachos. Peor aún que los medios, en broma, llamen al proyecto la ‘ley del borrachito’, cuando miles de seres humanos mueren cada año por culpa de conductores ebrios. La ley busca darles una segunda oportunidad, devolviéndoles el brevete. Es increíble cómo toman a la ligera uno de los problemas más serios del Perú y de nuestro sistema vial. En solo dos meses hemos sido testigos de tragedias en casos de fatalidad muy mediáticos de personas atropelladas por conductores ebrios.
Lo anterior ejemplifica una democracia sin ciudadanos. Estamos a merced de lo que nuestras instituciones y autoridades deciden. No importa cuán irresponsable sea. No contamos con una sociedad civil capaz de frenar o supervisarlas.
Hace más de 10 años, el cineasta Michael Moore estrenó el documental “¿Qué invadimos ahora?”, en el que visita a media docena de países para observar algunas de sus mejores prácticas y políticas públicas con la supuesta intención de importarlas a Estados Unidos. Me gustaría hacer algo parecido con el tema de la conducción ebria al examinar un caso exitoso de control y vigilancia desde la sociedad civil.
Hace casi 50 años en Estados Unidos, una madre, afligida por la muerte de su hija atropellada por un conductor borracho, creó MADD (Mothers Against Drunk Driving o Madres en contra de Conductores Ebrios). Una organización sin fines de lucro que lucha por la prevención de la conducción ebria y cuya estrategia consiste en atacar el problema desde varios frentes, todos imbricados a la institucionalidad democrática.
MADD utiliza los medios masivos y las redes sociales para denunciar y hacer pública la falta cometida por el chofer ebrio, usando al estigma social como presión. Trabaja con la policía para que capturen y saquen de la calle al infractor lo más rápido posible. Acompañan y apoyan a las víctimas y sus familias con asesoría psicológica y legal. Realiza seguimiento del caso en los tribunales y la fiscalía presionando para que los infractores sean acusados y reciban la pena máxima. Finalmente, realizan cabildeo para que las normas sigan siendo estrictas. Se calcula que en los últimos años esta organización ha salvado la vida de medio millón de personas.
La experiencia nos enseña que, si queremos recuperar la democracia, el buen gobierno debe estar acompañado del buen ciudadano. Y mejor aún si está organizado. No somos ajenos a las manifestaciones ciudadanas en contra de estos atropellos, como hemos visto ya en meses recientes.
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