Gane quien gane esta elección va a gobernar con un margen estrecho y con medio país en contra. Millones votaron por descarte, por el mal menor. Y el voto de los territorios más pobres volvió a decir lo de siempre: que ahí el Estado nunca llegó. Ni con agua, ni con postas, ni con caminos, ni con un colegio decente.
Lo que más me duele es otra cosa: muchos de esos distritos no son pobres en recursos. Reciben canon minero, y bastante. Sus autoridades no lo ejecutan o lo ejecutan mal, y la plata se queda durmiendo en cuentas del Banco de la Nación mientras las brechas pasan de una generación a la siguiente. He trabajado en el sector público y me cuesta encontrar otra figura donde el recurso disponible y el derecho negado convivan con tanta naturalidad.
En conversaciones en el sector privado he sido parte de esta discusión: conviene destinar esfuerzos a infraestructura básica mediante Obras por Impuestos o concentrarse en sacar adelante los grandes proyectos paralizados. Después de años viendo cómo se acumulan recursos sin ejecutarse, tengo la impresión de que el cuello de botella no está en el exclusivamente financiamiento. La plata existe. Lo que falta es capacidad para convertirla en obras. Por eso las Obras por Impuestos funcionan cuando funcionan: porque introducen gestión donde los recursos ya estaban disponibles.
Dicho eso, seamos honestos con sus límites. La escala es chica frente al tamaño de la brecha. Lo usan unas cuantas empresas grandes. Y no deja capacidad instalada: terminada la obra, la empresa se retira y el municipio sigue sin poder formular un expediente técnico. Hay algo peor. Cuando en un corredor minero la empresa termina siendo el proveedor de facto de los servicios públicos, la gente deja de reclamarle al alcalde o al gobierno regional y empieza a reclamarle la empresa privada.
La frase que más escucho en reuniones empresariales es que “el problema es que no comunicamos lo que hacemos”. Trabajo en el mundo de las comunicaciones y lo digo con cariño y mea culpa: esa es la respuesta cómoda. Nadie en una comunidad sin agua cambia de opinión por un reporte de sostenibilidad bien diagramado o por un buen reportaje. Lo que falta no es mensaje sino estrategia colectiva, y aquí la autocrítica me incluye, porque fui gerente general de la Confiep durante varios años. Los gremios somos buenos defendiendo intereses sectoriales, lo tributario, lo laboral, lo regulatorio. Para una agenda de país, con metas verificables y presencia en el territorio, no nos hemos organizado lo suficiente. Y una acción fragmentada no se puede comunicar mejor.
No es que estemos condenados a elegir entre resignarnos o seguir haciendo más de lo mismo. Brasil tiene un ejemplo interesante. A través de Comunitas y del programa Juntos, empresarios financian equipos que colaboran directamente con los gobiernos municipales para mejorar la gestión pública. Lo interesante es que no sustituyen al Estado ni asumen funciones que no les corresponden; ayudan a que este funcione mejor y, sobre todo, dejan capacidades instaladas cuando terminan su trabajo.
Tampoco es algo tan ajeno: el Perú probó esa lógica con los acuerdos de Gobierno a Gobierno en la Reconstrucción con Cambios y los Panamericanos, y funcionó. Nada impide que el sector privado financie versiones regionales y municipales de ese modelo allí donde el canon duerme. Colombia hizo lo contrario: nos copió. Adaptó nuestras Obras por Impuestos, pero las dirigió a propósito hacia las zonas más golpeadas por su conflicto armado. La lección es de diseño: el mecanismo rinde más donde el Estado nunca llegó, no donde es más fácil ejecutar. Y Medellín recuerda que esto toma tiempo. Tres décadas de compromiso empresarial con la ciudad, trabajando con alcaldes de todos los colores, sin que ningún ciclo electoral lo cortara.
¿Por dónde empezaría? Quizás con Obras por Impuestos con foco quirúrgico en agua y saneamiento, en distritos con canon sin ejecutar. Nada construye más legitimidad que el agua potable donde nunca la hubo. Al mismo tiempo, invertir en la capacidad del Estado subnacional, a la brasileña. Y los gremios y el sector privado en general quizás debemos hacer algo que no hemos hecho: dejemos de hablar de comunicación y pongámonos una meta de país, pública y medible. Una sola si hace falta. Por ejemplo: Cerrar la brecha de agua al 2030 y rendir cuentas cada año.
Con medio país votando más por descarte que por convicción, los discursos tienen cada vez menos capacidad de persuadir. La credibilidad se construye de otra manera: con obras terminadas, funcionando y visibles para la gente. Si algo nos ha enseñado esta elección es que los diagnósticos ya están hechos. El desafío ahora es asumir que mejorar la ejecución no es únicamente una tarea del Estado, sino una responsabilidad compartida por todos los actores que aspiran a construir un país más integrado.
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