La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad, en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema como se planteó inicialmente, el caso de lavado de dinero y fraude por el que está acusado.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández “medidas cautelares”, entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía para que el expresidente fuera detenido provisionalmente ante el “peligro de fuga”.
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Hernández retornó el pasado 26 de julio a Honduras, de donde salió extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico.
Sin embargo, Hernández fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Será el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el encargado del caso luego de que hoy se declaró “sin lugar” (rechazo) el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantenerlo en el Supremo, luego de que el magistrado originalmente a cargo se proclamó sin competencia para asumir la causa.
De acuerdo con la resolución judicial, Hernández afrontará el proceso en libertad con impedimento de salir del país.
También tendrá el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que presentar un informe semanal sobre su condición, y prestar “caución juratoria” (promesa jurada).
El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 12 de agosto a las 09:00 hora local (15:00 GMT), cuando se determinará si el exmandatario será juzgado por los delitos que le imputa el Ministerio Público (Fiscalía).
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Decenas de seguidores del expresidente se concentraron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, habilitada para la audiencia debido a las limitaciones de espacio del Juzgado de Criminalidad Organizada, para manifestar su respaldo a Hernández.
La Fiscalía acusa a Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023, relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando el exmandatario presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
En este expediente también figura el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo, además de exdiputados, empresarios y particulares.
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