El primer Mensaje a la Nación del gobierno responde, ante todo, a la lógica de la recuperación del Estado: seguridad, servicios públicos, carreteras, pensiones y orden fiscal. Es un discurso de urgencias legítimas. En ese marco, la inteligencia artificial aparece en dos frentes: plataformas para mapear el delito y la creación de una Autoridad Nacional Digital con una identidad digital para cada ciudadano, con la promesa de construir un Estado “eficiente y cercano”, en el que realizar un trámite deje de ser un obstáculo. El alcance de ambas promesas dependerá de una decisión previa: la arquitectura que las sostendrá.
El momento de definir la arquitectura de cualquier capacidad digital del Estado es antes de construirla, no después. En el caso de la identidad digital, las decisiones clave serán cómo se identificará a cada ciudadano, cómo se conectarán las bases de datos y bajo qué reglas se gobernará el uso de la información. Esto exige resolver tres preguntas fundamentales: quién define el estándar de interoperabilidad, quién vigila el acceso a los datos y quién auditará el uso de esa infraestructura. Sin esa capa de gobernanza diseñada desde el inicio, hasta la mejor tecnología corre el riesgo de reproducir la opacidad que se pretendía superar.
El valor de una identidad digital está en su arquitectura. India (Aadhaar e India Stack) y Estonia (X-Road) siguieron ese camino: el Estado no monopolizó los datos, sino que estableció un estándar común y permitió que entidades públicas y privadas desarrollaran servicios sobre esa infraestructura, con autorización del ciudadano. La razón de fondo es económica, no ideológica: una identidad digital abierta reduce los costos de transacción que hoy empujan a millones de peruanos hacia la informalidad.
Una identidad digital interoperable permitiría que cada entidad verificara, con autorización del ciudadano, la información que necesita, sin obligarlo a repetir su identidad en cada trámite. Abrir una empresa, acceder a un crédito o recibir un beneficio social podría tomar minutos en lugar de días, porque la información solo tendría que validarse una vez.
El Perú ha pasado buena parte de su historia reciente como tomador de estándares ajenos. La identidad digital propuesta por el gobierno, si se construye abierta desde el primer día, es una de las pocas oportunidades reales para cambiar ese rol. La ambición no está en el discurso. Está en la decisión de arquitectura que todavía no se ha tomado. Allí está la semilla que determinará si el Perú innova o solo administra su atraso.
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