Han pasado 25 años desde el lanzamiento del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, una herramienta que nació durante el gobierno de transición del 2001 con el objetivo de otorgar a la ciudadanía acceso libre y en tiempo real a la información económica y presupuestal administrada por dicho ministerio. El Portal se convirtió en un hito no sólo para el Perú sino para la región: por primera vez se podía hacer seguimiento público de la ejecución presupuestal de los ministerios, particularmente de sectores como defensa e interior, y tener acceso a información que sólo manejaban algunas autoridades del Poder Ejecutivo de manera opaca, discrecional y muchas veces corrupta durante la década de los noventa.
Estas acciones de transparencia, sumada a nueva normativa y herramientas de acceso a la información desarrolladas durante el presente milenio, como la constitución del Consejo Fiscal, permitió que el Perú alcanzara desempeño superior al umbral mínimo de suficiencia fijado en 61 puntos sobre 100 en la Encuesta sobre el Presupuesto Abierto (OBS) del International Budget Partnership.
Entre 2015 y 2019, el Perú registró puntajes entre 73 y 76 puntos. Sin embargo, en el 2021 se evidenció una caída notable al alcanzar un puntaje de 61, ubicándose justo en el límite mínimo, producto de los escenarios inciertos durante la pandemia del Covid-19. A pesar de este retroceso temporal, los años recientes han mostrado un proceso de recuperación y estabilización en los niveles de apertura fiscal, registrando una calificación de 71 puntos en el 2023 y alcanzando los 72 puntos en el 2025.
¿Qué actos de transparencia presupuestaria y lucha contra la corrupción pueden encaminar el nuevo gobierno para diferenciarse de gestiones pasadas? Para empezar, el Portal de Transparencia Económica fue desarrollado sobre la base de tecnologías que hoy se ven altamente superadas por las herramientas de inteligencia artificial generativa. Darle al Portal mayor alcance tecnológico, profundidad en el análisis y simplicidad en la consulta, podrá ayudar a la ciudadanía a ir más allá de la transparencia y centrarse en la calidad y oportunidad del gasto, pero sobre todo su impacto cuantitativo y cualitativo en el bienestar de la población.
Y el paso más importante, es lograr impulsar procesos de planificación, ejecución y monitoreo, que recoja las opiniones expertas y las voces ciudadanas, para contar con un presupuesto público con equidad y justicia, en donde se distribuyan los recursos de forma justa para reducir las brechas sociales, priorizar los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Una transparencia dialogante y comprometida con la democracia que nos devuelva la confianza.
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