En menos de 10 días, el Congreso ha hecho de las suyas una vez más. Tres normas que afectan el presupuesto público han sido aprobadas por el Pleno y están pendientes de ser ratificadas u observadas por el Ejecutivo. Una de ellas, que habilita el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS, tiene ya el compromiso expreso del presidente José María Balcázar, que el viernes pasado aseguró que publicaría la ley.
Aunque se ha dicho también que revisarán los mecanismos para su implementación, financiamiento y reglamentación, lo concreto es que se necesita más dinero para cumplir esta generosa propuesta. Esta decisión involucra a, aproximadamente, 350 mil trabajadores públicos. ¿Quién podría negarse a recibir mejores condiciones? No habría objeción alguna si esta norma no hubiera nacido desfinanciada como la segunda de esta lista, que permite cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial, y la tercera y más recientemente aprobada, que permite el aumento de pensiones a maestros.
La lógica dicta que no se debería gastar más de lo que se tiene, y aunque existen excepciones, la clave está en no abusar e imponer –autoimponerse– límites saludables. Aunque el déficit no está descontrolado, pareciera que las autoridades no llegan a entender que sí existe una preocupación por la fortaleza fiscal de largo plazo. La credibilidad lo es todo cuando necesitas ayuda, y si en algún momento la necesitamos como país, ¿nos creerán? Sin ir muy lejos, si estas normas son promulgadas, serán parte de la herencia que la actual gestión –Ejecutivo y Congreso– le dejará al próximo Gobierno. ¿Por qué debilitar desde ya su accionar? Además, como bonus, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que cambia la Ley de Minería de manera perjudicial por el aumento desproporcionado de sanciones y la reducción del plazo para poner en operación un proyecto minero.
Que el populismo con efervescencia electoral no impida al Ejecutivo, y especialmente al MEF, observar normas técnicamente indefendibles, que no solamente atacan al Tesoro Público, sino también a las potenciales inversiones extranjeras.
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