En medio de la incertidumbre electoral, el debate económico vuelve a ser central. Por eso, desde Videnza Instituto evaluamos las principales propuestas económicas de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular.
Fuerza Popular presenta el enfoque más explícito en disciplina macroeconómica. Propone mantener la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la continuidad de su actual conducción, así como el retorno a las reglas fiscales y la consolidación del gasto. No obstante, estas propuestas entran en tensión con el aumento estimado anual de 13,5% en el gasto público —según cálculos propios derivados de su plan de gobierno— y con el comportamiento reciente de su bancada en el Congreso.
En materia de crecimiento económico y empleo, el énfasis está en reducir barreras administrativas, digitalizar el Estado y promover la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Además, plantea una pensión universal mínima y el aumento e indexación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, no propone una reforma previsional integral que atienda la sostenibilidad del sistema, los incentivos a la formalidad y la articulación entre regímenes.
Respecto a Petro-Perú, plantea una reestructuración orientada a la eficiencia, incluyendo la venta de activos no estratégicos y la separación del Oleoducto Norperuano. Aunque respalda la inversión privada y los grandes proyectos mineros, preocupa la postura de su bancada frente a iniciativas que favorecen a la minería informal e ilegal. En conjunto, el balance muestra señales mayormente positivas, con alertas relevantes en sostenibilidad previsional y manejo de la informalidad minera.
Las propuestas de Juntos por el Perú suponen un quiebre significativo con el marco económico vigente. En política monetaria, plantean modificar la conducción del BCR y utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social. En el plano fiscal, proponen una reforma tributaria progresiva, impuestos a las grandes fortunas y elevar la presión tributaria al 25% del PBI, diez puntos más que lo actual, junto con mayor gasto social e inversión pública, sin presentar ninguna ruta creíble de transición fiscal.
En cuanto a la actividad económica, promueven una asamblea constituyente que impulse a un Estado empresario con participación directa en sectores denominados estratégicos. Proponen la renegociación de contratos de concesión de recursos naturales y la intervención directa en minería e hidrocarburos, incluyendo la nacionalización del gas de Camisea y la preservación de Petro-Perú como empresa estatal no vendible.
Resulta especialmente preocupante su postura favorable a la minería informal e ilegal, presentada como parte de la economía popular sin exigencias ambientales, laborales ni tributarias claras. Este enfoque debilita la institucionalidad y favorece la expansión de economías ilícitas.
En empleo y salarios, defienden un rol más activo del Estado sin detallar políticas de productividad ni formalización sostenible, y priorizan aumentos salariales desvinculados del crecimiento económico. En pensiones, apuestan por incrementos redistributivos sin un diseño claro ni evaluación de sostenibilidad.
Renovación Popular declara su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del banco central. Sin embargo, sus propuestas fiscales presentan inconsistencias: plantea reducir el tamaño del Estado y disminuir el IGV sin detallar medidas compensatorias ni una senda clara de consolidación. A ello se suma que el costo de su plan implicaría un aumento estimado de 25,7% en el gasto público.
En crecimiento y empleo, apuesta por menor regulación y mayor participación privada, pero carece de una estrategia explícita de empleo formal y productividad. Tampoco presenta una propuesta estructurada de reforma previsional. En minería, adopta una postura permisiva frente a la informalidad, tratándola principalmente como un problema administrativo y omitiendo sus impactos fiscales, ambientales y de seguridad.
En el caso de Petro-Perú, propone su privatización y el retiro del financiamiento público, aunque preocupa que su candidato haya ofrecido entregar la empresa a sus trabajadores. Finalmente, genera inquietud la relación del partido con el marco jurídico y los contratos firmados por el Estado, a la luz de sus antecedentes en la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Balance
La economía peruana conserva fundamentos sólidos, pero su sostenibilidad depende de las decisiones que se toman ahora. El análisis de las propuestas revela diferencias sustantivas entre las tres alternativas evaluadas. Fuerza Popular y Renovación Popular, con matices y contradicciones propias, se inscriben dentro del marco de estabilidad macroeconómica que ha sustentado el crecimiento de las últimas décadas.
Juntos por el Perú plantea un quiebre de distinta naturaleza, que contempla en buena medida los planteamientos del gobierno de Pedro Castillo. Conviene recordar que ese experimento desencadenó la mayor fuga de capitales de la historia reciente del país: 7% del PBI en el tercer trimestre de 2021, según el BCR. Nuestra propia historia demuestra que este tipo de transiciones generan costos que no recaen sobre quienes las promueven, sino sobre quienes menos tienen. Esa asimetría merece estar en el centro del debate.
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