Horas antes de asistir a la parada y desfile cívico militar, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, dirigió, junto con el primer ministro, Luis Galarreta, la sesión inaugural del Gabinete Ministerial, en la que se evaluó el proyecto a través del cual solicitarán al Congreso bicameral facultades para legislar en seguridad, reforma del Estado, formalización de la pequeña y micro empresa, entre otros.
Según informó la Presidencia, a través de una nota de prensa, el documento será aprobado en la próxima sesión del Consejo de Ministros.
Durante la cita, se abordó una intervención de emergencia al sistema nacional penitenciario, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Ernesto Álvarez Miranda.
(Foto: Presidencia Perú)
El último martes, durante su mensaje a la Nación ante del Parlamento, la presidenta Fujimori adelantó la ejecución de “una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no centros de operaciones del crimen organizado”.
En la reunión, que duró poco más de una hora y media, los ministros también escucharon la exposición de dos informes: uno que dispone la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua y otro que declara la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que dirige el economista Marco Vinelli. Esto de cara al fenómeno de El Niño (FEN).
Y aunque la mayoría de integrantes del Gabinete Ministerial ha guardado silencio, el canciller Carlos Espá dijo, a su retiro de la parada y desfile cívico militar, que está seguro de que la oposición va a respaldar las iniciativas del gobierno en seguridad ciudadana.
“Yo estoy seguro de que la oposición va a ser leal y democrática, todos somos peruanos y estamos al servicio del pueblo. Y la gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad. Estoy seguro de que la oposición va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar”, manifestó en referencia a la solicitud de facultades.
Espá indicó que aún están trabajando en afinar el proyecto y que no está en condiciones de realizar anuncios específicos.
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Sin embargo, El Comercio tuvo acceso al borrador de la solicitud de facultades para legislar que presentará en los próximos días el gobierno fujimorista, que a continuación detallamos:
En el documento, de nueve páginas, el Ejecutivo plantea una reorganización integral del sistema penitenciario, que incluye un cambio al marco normativo para permitir la participación privada en la “administración, gestión, operación y prestación” de servicios relacionados al sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social. Es decir, las cárceles. La medida alcanza la promoción de la inversión privada en el sector.
La administración de Fujimori Higuchi, además, busca regular “la participación temporal y excepcional” de las Fuerzas Armadas “en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo” de los penales.
Y propone “perfeccionar” el régimen de trabajo, capacitación, remuneración, alimentación y reinserción de los internos.
Cabe recordar que, durante la última campaña electoral, Fujimori Higuchi adelantó, que en su mandato, los reos iban a tener que trabajar si querían recibir alimentos de calidad, como proteína (carnes) y que el Estado solo les daría lo básico: carbohidratos (arroz, papa, entre otros) y agua.
(Foto: Presidencia Perú)
/ JAIRO DIAZ
La solicitud de facultades que alista el Ejecutivo también apunta a cambios “en materia militar y policial” y en leyes de tipo penal (proceso y ejecución), con el objetivo de “fortalecer” la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de la delincuencia común y de la criminalidad organizada.
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En lo que corresponde a materia laboral, la administración fujimorista adelanta que modificará el régimen de “feriados no laborables” y que reducirá su número, “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.
No obstante, el documento no precisa si se refiere a los feriados del 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre que fueron aprobados por el anterior Congreso en los últimos años, o a días no laborables para el sector público, como el lunes 27 de julio.
El miércoles de la semana pasada, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Fujimori Higuchi adelantó que “no vamos a eliminar los feriados”.
“Considero que esos fines de semana largos son una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Tampoco vamos a crear más feriados. Vamos a mantener esta cantidad de feriados para promover el turismo. Así es que, por favor, no se inventen ese tipo de narrativas”, manifestó entonces.
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Fujimori Higuchi, además, tiene previsto, si el Congreso le da las facultades para legislar, “perfeccionar el régimen de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas, corrigiendo defectos en la regulación actual”, que han impedido “la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica”.
Y buscará “aclarar” el tratamiento indemnizatorio del cese “por pérdida de confianza” en el caso de trabajadores de dirección.
De acuerdo con el proyecto, al que cual tuvo acceso este Diario, el Ejecutivo le solicitará al Congreso bicameral que le delegue facultades para legislar en “la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos” y otras entidades que tenga adscritas.
En el texto, el gobierno deja en claro que tendrá, si el Parlamento lo autoriza, las prerrogativas para “transferir, integrar o reasignar competencias, funciones, personal, recursos, bienes, activos, pasivos, programas, proyecto y obligaciones” como parte de la reforma estructural que ejecutará.
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También plantea “reforzar los requisitos mínimos de idoneidad” para el acceso a la función pública, en especial para los directivos y cargos de confianza.
El gobierno fujimorista alista cambios en la normativa sobre “la responsabilidad funcional y la seguridad jurídica” de los funcionarios que aprueban obras. Esto con la finalidad “de promover la adopción oportuna de decisiones públicas y prevenir que el uso indebido o irrazonable de mecanismos de control”.
Para la formalización de las micro y pequeñas empresas, el gobierno de Keiko Fujimori propone simplificar los trámites para la creación de una compañía y cambiar el régimen tributario.
Además, señala que existe la necesitad de “unificar y regular” el marco legal de las MYPES, contemplando un régimen progresivo que fomente la formalización. En este proceso se debe incluir, se lee en el borrador, aportes a EsSalud, al sistema de pensiones (AFP u ONP), el reconocimiento de una CTS y el pago de vacaciones, horas extra, entre otros.
En otro punto del proyecto de ley de delegación de facultades, el Ejecutivo apunta a simplificar y estandarizar los procedimientos administrativos “vinculados al desarrollo de actividades económicas, comerciales, ambientales, productivas y de prestación de servicios”, y a reducir plazos, costos y cargas administrativas.
En ese contexto, el gobierno, si el Congreso lo autoriza, modificará el régimen de tasas y otros cobros de la administración pública en los tres niveles por los servicios que realizan.
Sobre el saneamiento y la titulización de inmuebles, el gobierno de Fuerza Popular buscará dictar medidas para facilitar el saneamiento, la independización y transferencia de predios, así como promover “la seguridad jurídica de títulos y contratos” en la jurisprudencia civil, notarial, registral, procesal, judicial y administrativa.
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En el aspecto económico, el proyecto de ley sobre la delegación de facultades incluye la derogatoria de la Ley N°31143, aprobada en marzo de 2021 por el Congreso complementario y que estableció topes a las tasas de interés. El nuevo gobierno, según se lee en el documento, establecerá un nuevo marco normativo para dar acceso a crédito financiero.
Asimismo, el Ejecutivo plantea “permitir el acceso de menores de edad de, al menos, 12 años” al sistema bancario, a través de la tenencia de cuentas de ahorro.
También apunta a “perfeccionar” la Ley de Impuesto a la Renta, incluyendo el reconocimiento de la deducción de gastos de capacitación de personal, el otorgamiento de créditos fiscales por la contratación de jóvenes, entre otros.
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Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que el domingo a partir de las 5 p.m., el Consejo de Ministros continuará analizando el texto y precisaron que este aún no ha sido aprobado. Agregaron que el documento puede ser modificado y que se pueden incluir otros puntos.
Otras fuentes refirieron que el borrador aún no tiene el respaldo de todos los integrantes del Gabinete Ministerial y que hay puntos que todavía necesitan una mayor reflexión.
Por la mañana, y antes del desfile cívico militar, la presidenta Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Ella estuvo acompaña por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, procedió a la entrega del bastón de mando a la mandataria, en cumplimiento con los artículos 118 y 167 de la Constitución. Estos establecen que la condición del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
“Le hago entrega del bastón de mando, símbolo de la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, indicó Briceño.
Fujimori Higuchi dijo que recibía dicho símbolo con profunda gratitud y mucho orgullo.
Como parte del protocolo, se presentaron ante la mandataria el comandante general del Ejército, general EP Oswaldo Calle Talledo; el comandante general de la Fuerza Aérea, general de Aire Mario Contreras León Carty; el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Manuel Arriola Delgado.
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