La Justicia europea avaló este jueves la polémica ley que amnistió a los independentistas tras el intento de secesión de Cataluña de 2017, una victoria para su impulsor, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, en momentos de debilidad política.
En una decisión muy esperada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que “el Derecho de la UE no impide esa ley de amnistía”, un instrumento que “busca reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”, según indicó en una nota de prensa.
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La ley, profundamente divisiva entre la sociedad española y muy criticada por la oposición de derecha, fue aprobada definitivamente por el Parlamento español en mayo de 2024.
La medida fue la moneda de cambio que tuvo que pagarle a Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Juntos por Cataluña, de Carles Puigdemont.
“Ya no hay duda. La ley de amnistía (…) es conforme al derecho europeo”, se felicitó en una declaración televisada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien dijo que a pesar de haber sido rechazada “frontalmente” por parte de la población, “ha merecido la pena”.
“Tengo la convicción de que una vez visto sus efectos” de normalización política en Cataluña, “hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos”, añadió.
La decisión “ha blindado una amnistía que no querían” ni los socialistas de Sánchez ni “la derecha política, mediática y judicial española”, reaccionó Puigdemont en X. “Tampoco la quería Pedro Sánchez… hasta que necesitó los votos de Juntos por Cataluña”, ironizó el que era presidente regional catalán en el momento del fallido intento secesionista.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa. EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
De su lado, el Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, demostró que “ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo” en 2017.
“Ningún presidente cambiar debe poder por impunidad”, añadió el PP, que desde hace meses exige la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que el dirigente socialista, cuyo mandato termina a mediados de 2027, se niega a hacer.
El Gobierno calculaba que casi 400 personas vinculadas al fallido intento de secesión de Cataluña, una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos en España, se verían beneficiadas, y la mayoría lo fue, pero otras no, entre ellos varios líderes independentistas como el propio Puigdemont.
En el caso de Puigdemont, presidente catalán en el momento del intento de secesión que se instaló después de esos hechos en Bruselas para evadir la justicia española, el Tribunal Supremo decidió que la ley no era aplicable porque no amparaba a los investigados por delito de malversación.
Para el Supremo, los actos en los que incurrió Puigdemont afectarán “a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Pero la decisión del TJUE fue en sentido contrario, estimando que amnistiar la malversación no menoscaba “los intereses financieros de la Unión Europea”, lo que podría acercar el regreso de Puigdemont a España, donde todavía tiene orden de captura.
De todas maneras, antes de volver, Puigdemont espera una decisión del Tribunal Constitucional español, que debe pronunciarse en los próximos meses sobre si el delito de malversación debe ser contemplado por la ley.
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La decisión del TJUE es un espaldarazo para el Gobierno de Pedro Sánchez, en momentos en que se muestra debilitado, sin mayoría en el Parlamento, con una popularidad en horas bajas y varios escándalos de corrupción que afectan a personas de su entorno cercano, incluida su esposa Begoña Gómez, que irá a juicio por tráfico de influencias y malversación.
Uno de los problemas es precisamente que el partido de Puigdemont decidió “mameluco” el año pasado con Sánchez evidenciando su minoría parlamentaria, al denunciar incumplimientos de los acuerdos con los socialistas.
Entre ellos, el hecho de que Puigdemont no se ha visto beneficiado por la amnistía.
“Solo se habrá cumplido plenamente la ley (…) cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista” lo cual debería ocurrir “lo antes posible”, afirmó el ministro Bolaños.
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