Los retos de Keiko Fujimori no son más grandes, pero quizá sí más complejos que los que enfrentó su padre.
Alberto Fujimori asumió ante un Sendero Luminoso que amenazaba con tomar el poder y lo derrotó con una estrategia inteligente. El problema ahora es una criminalidad organizada muy difundida e insertada social y económicamente y con mil cabezas, que requerirá una estrategia tecnológicamente sofisticada y policías, UIF, bancos, fiscales y jueces interconectados y comprometidos, y formalización minera.
Alberto Fujimori recibió una hiperinflación galopante y un Estado colapsado. Derrotó la inflación, liberalizó la economía y reconstruyó el Estado. Pero ahora el Estado se ha convertido en una máquina pesada que se sirve a sí misma y no a los ciudadanos. Se ha llenado de regulaciones que asfixian los emprendimientos y frenan las inversiones, y de autoridades y personal con frecuencia incompetentes y corruptos. Ambos males están conectados: si la vía al mercado formal está cerrada, bueno es capturar el Estado para medrar.
Por eso tanto en el discurso de asunción como en el borrador del pedido de facultades, las dos líneas centrales son desregulación profunda (con inteligencia artificial) y meritocracia (“la gran reforma del servicio civil”). Junto con la reducción de unidades redundantes y la digitalización del Estado. Es la única manera de incluir a las mayorías en la formalidad y en servicios básicos eficientes. Esa es la gran promesa de su gobierno: un Estado que resuelva los problemas de la gente.
Pero arreglar y repotenciar un Estado hipertrofiado es más complejo que reconstruirlo casi desde cero, luego de un colapso. La resistencia formada por redes enquistadas puede ser mayor. Y el problema es que esa resistencia es diestra en recubrirse de ideología para ocultar que se trata de intereses particulares, eventualmente predatorios.
Ya se está difundiendo la narrativa de que el gobierno va a realizar despidos masivos, y de que las propuestas laborales buscan “precarizar” el empleo o disminuir derechos. Lo que no es cierto. Es hipocresía, porque ya es hora de que la izquierda y la CGTP se empiecen a preocupar por las grandes mayorías que carecen de derechos laborales. Lo que de paso ensancharía su base sindical.
Quizá para contrarrestar esas posibles reacciones y restarle espacio a la izquierda el gobierno ha comenzado con medidas populistas como una subida del salario mínimo (que solo sirve para informalizar, por lo que ofrece un bono compensatorio, de modo que el Estado financia el aumento, algo absurdo), doblar Pensión 65 y otros subsidios. Todo esto es contradictorio con la idea de desregular para devolver libertad económica a fin de que las personas prosperen por sus propios medios y no dependan de dádivas estatales que solo anulan su voluntad de autosuperación.
Lo que se requiere no es populismo sino mucha comunicación para explicar los cambios. Y realizarlos. La garantía de que se van a ejecutar está en el “comando de cumplimiento” o centro de gobierno que se instalará en Palacio para hacer el monitoreo del avance de las diez metas prioritarias del gobierno, removiendo los obstáculos. Será el instrumento de la presidenta para liderar esta gran transformación.
Buena suerte, por el país.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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