En los últimos días, con la censura de José Jerí en la presidencia del Congreso y la posterior elección de José María Balcázar como titular del Parlamento y eventual reemplazo del jefe de Estado, este Diario ha dejado clara su postura editorial. De esta forma, se ha opinado de forma crítica sobre el accionar del Legislativo fijando una postura firme frente a una clase política que normaliza la improvisación y el cuoteo.
El legislador José Jerí Oré fue censurado como presidente del Congreso de la República este martes 17 de febrero, luego de que las siete mociones en su contra, que fueron acumuladas en una, prosperaran con amplia mayoría en un pleno extraordinario. Con ello culmina también el gobierno interino que durante apenas cuatro meses acumuló escándalos que hicieron imposible su permanencia en el cargo.
Las denuncias por presunto tráfico de influencias, las reuniones clandestinas con empresarios chinos captadas en video mientras ingresaba encapuchado a un chifa en San Borja, las contrataciones irregulares de personas que lo visitaron en Palacio de Gobierno y una larga lista de cuestionamientos éticos terminaron por socavar cualquier vestigio de legitimidad de alguien que había empezado con un sólido respaldo ciudadano.
Cuando un presidente pierde la confianza de la gente a tal velocidad, la caída política se vuelve inevitable. José Jerí lo sabía, pero persistió en justificar lo injustificable, cambiando de versión conforme aparecían nuevas evidencias que lo comprometían.
El Congreso de la República optó por la censura cuando múltiples constitucionalistas advirtieron que el mecanismo correcto era la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113 de la Constitución. La censura es una figura de control político diseñada para ministros o autoridades del Parlamento, no para un jefe de Estado en ejercicio.
El proceso se llevó a cabo al caballazo, atropellando consideraciones constitucionales elementales. Diversos especialistas han señalado que la censura era improcedente e inconstitucional en este caso. Pero el Legislativo eligió el camino más expedito: la mayoría simple, en lugar de los 87 votos que exige una vacancia. El resultado es un precedente pésimo que debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica.
Si hoy se puede censurar a un presidente en funciones bajo el argumento de que mantiene un cargo parlamentario, mañana cualquier Congreso podrá derribar a un mandatario interino sin cumplir con las exigencias constitucionales que garantizan estabilidad a un régimen presidencial que la ha perdido hace ya mucho tiempo, pues se trata del octavo presidente en la última década.
Hoy el Parlamento debe elegir un nuevo presidente interino que asuma la conducción del Estado en estos meses críticos previos a las elecciones. Se requiere un perfil de consenso, con autoridad moral en un momento de profunda desconfianza institucional. La responsabilidad de los congresistas es mayúscula: deben escoger con sensatez, pensando en el interés nacional y no en cálculos electorales de corto plazo.
La salida de José Jerí de la presidencia es consecuencia de sus propios actos. Pero el Congreso comparte responsabilidad por haber optado por una alternativa que deja al país con un precedente constitucional cuestionable. El Perú necesita estabilidad. El récord de presidentes en la última década es digno de vergüenza. Pero es también una lección: los peruanos debemos pensar muy bien nuestro voto en estas elecciones. Debemos informarnos con responsabilidad y criterio antes de ir a las urnas. No podemos repetir los errores que nos han llevado a esta crisis política que parece no tener final.
El Congreso de la República ha cometido un error histórico e imperdonable al elegir al congresista José María Balcázar (Perú Libre) presidente de la Mesa Directiva y, con ello, presidente de la República interino. Esta decisión no solo constituye una afrenta a la dignidad de las mujeres y niñas peruanas, sino que representa una clara manifestación de la irresponsabilidad y desconexión moral que caracteriza a una parte de la actual representación nacional. Los congresistas que votaron por Balcázar cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de haber colocado en el poder a una persona cuyas declaraciones y convicciones resultan absolutamente incompatibles con los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales.
Balcázar ha reiterado su justificación del matrimonio infantil, argumentando que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” y que las menores de 14 años tienen “madurez psicológica” para casarse. Sus declaraciones no son errores del pasado que haya rectificado. Por el contrario, hace apenas días, cuando fue consultado sobre su postura frente a la posibilidad de asumir la presidencia, lejos de mostrar arrepentimiento, afirmó que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y se negó a ofrecer una disculpa. Insistió en que habla “siempre con propiedad” y que no tiene nada de qué arrepentirse.
Como si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, fuentes de este Diario han señalado que Balcázar estaría dispuesto a ofrecer el indulto humanitario a Pedro Castillo, el expresidente sentenciado por golpista. Esta posición evidencia un profundo desprecio por la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Otorgar indulto a quien intentó disolver el Congreso y subvertir el orden constitucional sería un mensaje catastrófico para el país.
Esta propuesta no es casualidad ni simple “compasión humanitaria”. Responde a una agenda política alineada con sectores que nunca han aceptado la caída de Castillo y que buscan revertir las consecuencias legales de sus actos delictivos. Colocar en la presidencia a alguien dispuesto a materializar este perdón es entregar el poder a quien trabajará activamente contra los principios republicanos que debería defender. Y, aunque Balcázar ha señalado ayer que el indulto no está en su agenda “por el momento”, habrá que estar vigilantes para que esta afrenta a la democracia no se concrete.
El Legislativo es absolutamente culpable de esta irresponsabilidad. Los congresistas que votaron por Balcázar conocían perfectamente su historial y sus declaraciones. No pueden alegar ignorancia ni sorpresa. Eligieron conscientemente a un candidato cuestionado por defender el matrimonio infantil, priorizando cálculos políticos mezquinos sobre el interés nacional. Un legislador que, además, representa a la izquierda retrógrada y antidemocrática de Perú Libre. Esta decisión revela la bancarrota moral de quienes la respaldaron y confirma la percepción ciudadana de que el Legislativo está completamente divorciado de las demandas y valores de la sociedad peruana.
La elección de Balcázar es una traición a las miles de niñas que cada año son forzadas a matrimonios que destruyen sus vidas, sus oportunidades educativas y su desarrollo integral. Es una burla a las organizaciones que durante años han luchado por erradicar esta práctica que constituye una forma de violencia de género. Y es un insulto a la ciudadanía que exige instituciones comprometidas con la protección de los más vulnerables, no con la normalización de su explotación.
La historia juzgará severamente a quienes propiciaron este momento optando por la censura de José Jerí, cuando el camino era la vacancia (Renovación Popular, Podemos Perú y otros partidos no pueden escapar de su responsabilidad). Asimismo, a quienes permitieron que Balcázar asumiera el poder, y acá resalta la complicidad de Alianza para el Progreso de César Acuña. Pero aún más duramente a quienes, pudiendo corregirlo, optaron por el silencio y prefirieron no votar en la jornada de ayer. Lo único que le toca al hoy encargado de la presidencia es garantizar elecciones transparentes y no cambiar el rumbo del Ministerio de Economía y Finanzas en estos pocos meses que tendrá el país a su cargo.
Esta semana, el Congreso cometió, como dijimos, una irresponsabilidad francamente imperdonable al elegir a José María Balcázar (Perú Libre) –un legislador con un nutrido expediente judicial, cercano al prófugo Vladimir Cerrón y al golpista Pedro Castillo, y defensor de esa aberración llamada matrimonio infantil, entre otros cuestionamientos– como titular de su Mesa Directiva y, por extensión, encargado de la Presidencia de la República. Pasarán décadas y el episodio seguirá provocando náuseas.
Sin embargo, sería injusto decir que los 113 legisladores que definieron la votación del miércoles –los que no asistieron o, peor aún, se retiraron porque su candidato fue el menos votado tendrán que rendirle cuentas al país más temprano que tarde– son igual de responsables. Como cualquiera puede corroborar, los votos del partido de Balcázar y de las bancadas afines no corresponden con los 64 apoyos que recibió en las urnas. Hay una veintena de votos ocultos de los que las bancadas de centro y de derecha han tratado de zafar. No obstante, fuentes de este y otros diarios aseguran que el elemento clave en la elección del hoy mandatario fue el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), y sus 17 legisladores en el hemiciclo.
Una y otra vez, Acuña ha demostrado que no tiene bandera ni principios definidos, y que suele moverse con los vientos dependiendo de lo que más le convenga (a él y a sus negocios). En octubre del 2021, por ejemplo, cuando el gobierno de Pedro Castillo ya había dado varias muestras de incompetencia y autoritarismo, Acuña salió a decir que APP lo apoyaba “en todo, menos en la asamblea constituyente”. Y, tras la caída del golpista, su partido mudó de ropas rápidamente para convertirse en la verdadera bancada oficialista de la administración de Dina Boluarte, a la que sostuvo con engalanados discursos de “estabilidad” y “gobernabilidad”, mientras manejaba los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y Salud.
En ese orden de cosas, que APP haya apoyado a Balcázar a cambio de mantener el control de carteras claves no constituiría una sorpresa. Sería, más bien, la enésima constatación de que a Acuña poco le importan el país y los peruanos, siempre y cuando su partido continúe manteniendo cuotas de poder. Y, en esa línea, el comunicado de APP de ayer, en el que le echan la culpa a Renovación Popular de haber votado por Balcázar al tiempo que se limpian las manos, exuda cinismo puro y duro.
Seguramente, hay varios políticos responsables de haber llevado al país hasta este punto en el último quinquenio. Pero pocos lo son más que César Acuña.
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