El gobierno de José Jerí enfrenta su momento más crítico. Dos días atrás, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú anunciaron que se plegarán al pedido de otros ocho grupos parlamentarios para convocar a un pleno extraordinario a fin de que se debatan las siete mociones de censura presentadas contra el presidente. APP lo hizo a través de un comunicado en el que mencionó “hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, [y] que son ampliamente conocidos”, mientras que en el caso de Podemos Perú fue el congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez quien dio el anuncio y añadió que le pidió a Jerí que “dé un paso al costado”.
Con la adhesión de ambos grupos, se superan las 78 firmas requeridas para convocar a un pleno durante el receso parlamentario. Por supuesto, esto no significa necesariamente que Jerí será censurado (esta es una representación nacional donde los vientos pueden cambiar bruscamente, como se vio con la caída de Dina Boluarte), pero sí que enfrentará el desafío más importante a su continuidad desde que asumió funciones como presidente encargado y que el bloque de bancadas que lo salvó de dos censuras previas en octubre pasado se ha roto.
Si Jerí termina siendo defenestrado del cargo, será únicamente su responsabilidad. Después de todo, fue él quien se reunió personalmente con dos empresarios chinos, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, para nada inocuos –uno con negocios en problemas y otro con arresto domiciliario, nada menos–. Fue él, además, quien optó por dar explicaciones a medias, inverosímiles y en algunos puntos contradictorias conforme el asunto fue escalando. La falta de transparencia del presidente ha dejado mucho que desear; no solo en este tema, por cierto, sino también en otros, como el de las –por decir lo menos– ‘llamativas’ contrataciones de mujeres en Palacio de Gobierno sobre las que la fiscalía ya ha puesto el ojo y sobre las que él ha optado por guardar silencio.
Cuando la prensa destapó este escándalo, tanto el presidente como su jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez Miranda, aludieron a supuestos intereses oscuros detrás de las revelaciones. El primero, por ejemplo, afirmó que había un “ánimo de interferir [en el] proceso electoral”, mientras que el segundo sugirió la existencia de un “poder comercial extraño y subalterno” que buscaba “derribar” al gobierno.
Si tales hipótesis fuesen ciertas, en todo caso, habría que decir que el presidente solo hizo las cosas más fáciles para sus enemigos. Y si hoy su gobierno atraviesa su peor crisis a escasos cuatro meses de haberse estrenado es, repetimos, responsabilidad suya.
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