¿Qué hay detrás de la mirada de un adolescente sentenciado por sicariato que pasará 10 años en un centro juvenil? Nervios disfrazados de historias ensayadas de por qué llegó ahí; pues fue entrenado por los criminales que lo contrataron para “tercerizar” su delito, aprovechándose del marco legal actual poco ajustado a nuestra realidad.
¿Qué hay detrás de la mirada de un adolescente sentenciado por sicariato que pasará 10 años en un centro juvenil? Nervios disfrazados de historias ensayadas de por qué llegó ahí; pues fue entrenado por los criminales que lo contrataron para “tercerizar” su delito, aprovechándose del marco legal actual poco ajustado a nuestra realidad.
El 60% de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) están sobrepoblados, y más del 50% de los internos son mayores de edad. Ahí conviven niños de 14 años hasta padres que bordean los 30.
El contexto en el que se trabaja por la justicia penal juvenil está casi desbordado. En el último mes, 55 menores han sido recluidos en un centro juvenil, 38 de ellos de Lima y Callao. ¿La razón? Tenencia ilegal de armas, extorsión o robo agravado.
En las últimas semanas, ocurrieron crímenes en el Callao protagonizados por menores de edad, y como director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), pude conocer a dos de ellos. Tenían el mismo patrón que los que llegan vinculados a la criminalidad organizada; vulnerabilidad inicial, seguida por un empoderamiento repentino por hacer respetar el honor de su banda.
Pero no es exclusivo de la capital. Trujillo es un semillero de jóvenes infractores liderados por delincuentes que buscan a “presas” fáciles de involucrar por unos cuantos soles. Por ello, aquí está el CJDR más sobrepoblado del país.
Con un 80% de población con nivel de riesgo moderado y alto, este CJDR fue declarado en emergencia por dos razones: no es seguro para nadie y se ha desvirtuado nuestra razón de ser, que es reinsertar a la sociedad a los infractores.
Desde el Pronacej estamos implementando un plan de deshacinamiento, que contempla presentar expedientes para variar medidas de internación a no privativas de la libertad; redistribución de adolescentes a otros CJDR, considerando su nivel de riesgo e infracción; gestión para aumentar el presupuesto para atender necesidades que garanticen la seguridad; y proponer la modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Sabemos que el tiempo para ejecutarlo es corto, pero queremos marcar los primeros pasos para que el sistema penal juvenil cumpla su misión, y no sea visto como consecuencia de la falta de prevención. Para eso servimos al Estado, para atrevernos a actualizar normas desfasadas, priorizar acciones y articular entre nosotros por un mismo fin.
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