El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de hasta S/ 599,1 millones a favor de diversos gobiernos locales para garantizar la continuidad de 981 inversiones en ejecución en 541 municipalidades del país, evitando la paralización de obras que impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de hasta S/ 599,1 millones a favor de diversos gobiernos locales para garantizar la continuidad de 981 inversiones en ejecución en 541 municipalidades del país, evitando la paralización de obras que impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.
La titular de la PCM, Denisse Mirellis, advirtió que se han detectado 12 575 proyectos con problemas de financiamiento que superan los S/ 21 mil millones, de los cuales 9740 pertenecen a gobiernos locales y concentran más del 80 % de la brecha. En ese contexto, subrayó que no se puede permitir que queden a medio camino colegios, centros de salud o sistemas de agua y saneamiento, por lo que se está priorizando que cada sol invertido se traduzca en más infraestructura y mejores servicios.

Miralles recalcó que el objetivo es reducir las obras paralizadas, impulsar empleo inmediato. Foto: Gob.pe
La transferencia se realiza en el marco del artículo 15 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público 2026, que creó el Fondo para la continuidad de inversiones de los gobiernos locales.
Cabe señalar que este mecanismo financia proyectos comprometidos en 2025 con Recursos Ordinarios que no fueron devengados al cierre del año fiscal, siempre que cuenten con contrato vigente registrado en el SIAF-SP y el SEACE y que no hayan sido reincorporados en el presupuesto institucional 2026.
Con esta decisión, el Ejecutivo ratifica su estrategia de disciplina fiscal con enfoque social, priorizando obras con contrato activo, evitando la dispersión del gasto y asegurando que la inversión pública se traduzca en proyectos culminados y servicios en funcionamiento.
Miralles recalcó que el objetivo es reducir las obras paralizadas, impulsar empleo inmediato y garantizar que las familias peruanas accedan a infraestructura terminada y operativa.













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