A solo seis días de la segunda vuelta electoral y luego del debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó un nuevo plan de gobierno de más de cien páginas, con el que intenta suavizar su programa original.
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El documento, denominado “Programa de Gobierno de Segunda Vuelta de Juntos por el Perú: Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación Peruana 2026-2031”, tiene 114 páginas, 22 más que la propuesta original, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Sánchez lo ha definido como un programa de “consenso” que incorpora planteamientos de Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Venceremos y otros grupos que respaldan su candidatura en la segunda vuelta electoral.
En conferencia de prensa, cuando se le preguntó que garantizaría que no vuelva a cambiar de programa en caso llegar a Palacio de Gobierno, el candidato no respondió directamente y dijo que “esta es la oferta, el programa de consenso”, “el plan con el cual gobernaremos”.
A lo largo del nuevo plan se observan intentos por moderar algunos aspectos del discurso radical con el que pasó al balotaje. Sin embargo, mantiene propuestas centrales relacionadas con la reforma constitucional, el modelo económico y la formalización minera.
En materia económica, el nuevo documento señala que respetará la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y que garantizará la continuidad técnica y el cumplimiento de las reglas fiscales.
“El BCR ha sido y será un actor clave en la estabilidad monetaria, que sirve de complemento a la estabilidad fiscal. Por ello, desde el gobierno de Juntos por el Perú salvaguardaremos la autonomía e independencia que el BCRP ha tenido durante más de 30 años”, señala el documento.
Asimismo, Juntos por el Perú consigna ahora que se compromete a respetar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y promover “normas amigables a la inversión interna y externa”.
Incluso en una primera versión del documento -distribuida por la mañana- se planteaba la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú (Integratel), pero la iniciativa fue retirada del texto reenviado por la tarde.
Y revisando el plan de Gobierno de Venceremos, se consigna también que el Estado “nacionalizará Telefónica del Perú y recuperará los activos”.
Primera versión recogía propuesta de Venceremos, pero esta fue retirada en la edición final.
En sus redes sociales, el exministro de Economía, David Tuesta, escribió: «Juntos por el Perú parece que nos va a traer varios “nuevos” planes de gobierno esta semana. Ellos lo llaman, pluralidad y democracia: Yo lo llamo improvisación».
El nuevo plan mantiene la propuesta de revisar el régimen económico vigente. Entre sus planteamientos figura: “Devolver al Estado un papel activo como planificador estratégico del desarrollo, garante de la soberanía sobre los recursos naturales y de los servicios universales, revisando el régimen económico de la Constitución para que el desarrollo beneficie a toda la sociedad y no a unos pocos”.
En su propuesta original, la posición era más explícita respecto al rol estatal en la economía. El documento señalaba que “los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado. Por lo tanto, todo aquel particular que lo explote deberá pagar por su extracción. Los recursos naturales estarán en manos del Estado y, aunque no estará impedido de invertir en su explotación, su uso será impulsado en alianza público-privada”.
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Asimismo, planteaba la gestión directa del Estado sobre los recursos energéticos, productivos y estratégicos, para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos.
“Estarán prohibidas las concesiones que otorguen ventajas especiales a inversionistas extranjeros, que pongan en riesgo la soberanía territorial y nuestra matriz energética, que coloquen en desventaja al empresariado nacional o que vayan contra el interés público”, decía su plan original.
Otro de los temas en los que el discurso ha sido matizado es el cambio constitucional. El plan original establecía que: “El pueblo decidirá en su momento la vía más adecuada para la reforma de la Constitución. Puede ser una reforma parcial o una reforma total de acuerdo con el consenso político y social que se logre”.
Además, señalaba: “Puede hacerse sobre la base del texto actual, o en muestra de respeto al valor de una Constitución, retomar el camino fijado por la Constitución de 1979. Lo que se debe evitar en todo momento es que la modificación de la Constitución la haga un Congreso ordinario, en donde los intereses legislativos se confunden con los objetivos constitucionales y se produzcan cambios para propósitos de coyuntura, como se ha visto al extremo en el actual Congreso. Por ello, la reforma de la Constitución debe hacerse por una Asamblea Constituyente convocada para esa finalidad expresa, siguiendo el camino de reforma que la propia asamblea apruebe”.
Ahora, el nuevo documento plantea una “Constitución de consenso”. En ese sentido, sostiene que: “Como Juntos por el Perú, se impulsará una Constitución de consenso a través del diálogo nacional, que involucre a todos los sectores y a la sociedad en su conjunto, siguiendo las vías democráticas que la Carta Política y la ley contemplan”.
Asimismo, propone: “Liderar un proceso democrático y participativo de cambio constitucional que, a través del diálogo nacional y de la consulta a la ciudadanía, defina la vía —la reforma integral por el cauce del artículo 206 o la convocatoria a una asamblea constituyente— para dotar al país de una Constitución de consenso”.
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En cuanto a la minería, la propuesta mantiene como eje la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El nuevo plan señala: “Impulsaremos una nueva Ley MAPE para formalizar seriamente la pequeña minería y minería artesanal, incorporando a miles de productores a la economía formal con reglas claras, seguridad jurídica y responsabilidad ambiental”.
La formalización minera continúa siendo uno de los puntos en común entre ambos documentos, aunque presentada bajo nuevos mecanismos normativos.
También se observan cambios en el capítulo referido a la libertad de expresión y los medios de comunicación. El nuevo plan garantiza el ejercicio libre de la prensa, de los medios de comunicación y de los ciudadanos que discrepan, además de señalar que no se criminalizará la protesta social.
Sin embargo, el plan original proponía que “los medios de comunicación tradicionales asuman, desde su ejercicio libre e independiente, el compromiso con el desarrollo y calidad de vida de la población”.
Además, señalaba, “en esa línea, el Estado impulsará la creación de medios comunitarios educativos, culturales e informativos a nivel nacional, regional y local, otorgando licencias para el uso del espectro radioeléctrico de forma equitativa entre el sector privado, el sector estatal y el sector comunitario”.
También proponía la creación de » veedurías ciudadanas sobre los medios de comunicación, cuya función principal será la emisión de alertas sobre aquellos contenidos dirigidos a generar bloqueos informativos en perjuicio de la ciudadanía u otros que fomenten la violencia y la discriminación”.
Cabe señalar que, en su propuesta original de Juntos por el Perú, afirmaba que los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales iban a ser renegociados.
Equipo reciclado
Este lunes 1 de junio, Roberto Sánchez presentó – en conferencia de prensa – a su equipo técnico, que está integrado por exministros cuestionados del régimen castillista como Rosendo Serna, Dimitri Senmache, Walter Ayala y Andrés Alencastre.
Presentación del nuevo Plan de gobierno de Juntos por el Perú. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec
Serna, quien se desempeñó como ministro de Educación, fue cuestionado por supuestamente haber plagiado el 70% de su tesis doctoral, según reveló “Cuarto Poder”.
Senmache, censurado como titular del Ministerio del Interior por la fuga del exministro de Transportes Juan Silva. En tanto, Ayala – quien fue ministro de Defensa – es investigado por el Caso Ascensos Irregulares en la PNP y las FF.AA. Alencastre, por su parte, renunció al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tras la crisis de la urea, que provocó el alza del costo de los alimentos.
Ellos se sumaron a los exministros Pedro Francke, Anahí Durand y Hernado Cevallos y el exviceministro de la Hacienda Gustavo Guerra García, así como al ex juez Duberlí Rodríguez y al ex fiscal José Domingo Pérez, entre otros.
La presencia de estos personajes en el entorno de Roberto Sánchez se refleja en el giro que ha experimentado su discurso de cara al balotaje.
Fuerza Popular también tuvo incorporaciones a su equipo como Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde Llosa, aunque sin que ello implicara cambios en las propuestas contenidas en su plan de gobierno original.
Análisis
En diálogo con El Comercio, los analistas políticos José Carlos Requena y Enrique Castillo calificaron el documento de extenso y advirtieron que se mantienen las propuestas más radicales de Sánchez. En tanto, el especialista en temas ambientales César Ipenza consideró que el nuevo plan sigue buscando favorecer a la minería ilegal.
Requena consideró que el documento presentado por Sánchez busca “darle un ribete técnico a una propuesta similar a la inicial”, pero que se siguen manteniendo las propuestas más radicales.
“Creen que con un lenguaje o explicación más razonable, es un documento de más de 100 páginas, pueden darle algo de factibilidad […] Optan por un elemento más emocional, más simbólico que pueda asegurarles la victoria”, expresó.
El especialista señaló que el equipo técnico presentado por el candidato de JP busca “darle un elenco a estas propuestas” y reivindicar al gobierno de Pedro Castillo.
Para Requena, “no hay garantías” de que Sánchez no vire nuevamente su discurso. “En la medida de que cambiar sus propuestas pueda ser útil, [Sánchez] puede actualizarlas en un futuro no tan lejano. En ese sentido es complicado proyectar garantías”, opinó.
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Por su parte, Castillo calificó el nuevo plan de gobierno de “documento desarrollo”, extenso, inconsistente e incoherente y contradictorio. “En la práctica, es un documento muy difícil de llevar a cabo. No creo que lo pueda aplicar”, afirmó.
Además, opinó que este plan “busca contentar a las organizaciones que le han dado o quieren darle su apoyo” a Sánchez.
“Más que un plan de gobierno, es un catálogo de, aparentemente, todas las propuestas que existieron en todos los partidos y las organizaciones que se han sumado a la candidatura de JP”, subrayó.
Bajo la mirada de Castillo, la propuesta “carece de lógica, coherencia y consistencia” y es “contradictoria”.
“En la parte económica, con el fin de no asustar, prácticamente establecen medidas que no difieren mucho de las propuestas de las otras agrupaciones de centro. Sin embargo, plantea una fuerte participación del Estado en una serie de sectores. Entonces, mientras por un lado habla que va a respetar los fundamentos macroeconómicos y la independencia del BCR y respetar los contratos, de otro lado plantea un Estado casi intervencionista”, remarcó
Según el analista político, Sánchez “ha tenido que ceder a las presiones” y recordó que el candidato dijo que no firmaría ninguna hoja de ruta. “Sin embargo, necesita mostrar un rostro nuevo que no asuste y después del debate necesita un impulso a su candidatura”, concluyó.
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Por otro lado, Ipenza advirtió que hay “una insistencia en seguir favoreciendo a los mineros informales, con diversas medidas, pero sobre todo con palabras disfrazadas”.
“Insisten con reducir los plazos de las concesiones para poder quitárles a unos y dárselas a otros. Esto significa mayor impunidad. Ya de por sí los mineros están insistiendo en que se derogue el marco jurídico y medidas para facilitarles el camino”, finalizó.
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