El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026–2040, un marco de política que busca enfrentar de manera articulada la informalidad laboral, uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo en el Perú. La meta es elevar la tasa de empleo formal hasta el 50% de la población económicamente activa ocupada hacia el año 2040.
Actualmente, alrededor de 7 de cada 10 trabajadores en el país se encuentran en condiciones de informalidad, lo que equivale a cerca de 12 millones de personas sin acceso a beneficios laborales, seguridad social ni aportes previsionales.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, señaló que la estrategia permitirá articular por primera vez los esfuerzos de más de 20 entidades públicas bajo objetivos comunes, indicadores compartidos y una lógica de resultados verificables, con el fin de dejar atrás intervenciones aisladas.
La informalidad laboral tiene impactos directos en la economía y en el bienestar de los trabajadores. Entre sus efectos se encuentran menores niveles de productividad, reducción de la competitividad empresarial, menor recaudación tributaria y limitaciones en el acceso a protección social. Además, dificulta la acreditación de experiencia laboral y amplía las brechas de desigualdad.
El diagnóstico del Ejecutivo identifica causas múltiples detrás de este fenómeno, como el bajo desarrollo del capital humano, los altos costos y la complejidad de la formalización, las limitaciones en la fiscalización, el acceso restringido a la protección social y la escasa diversificación productiva. A ello se suman factores culturales que han normalizado la informalidad en el país.
La estrategia contempla seis ejes de intervención: promoción del capital humano, mejora del marco normativo e incentivos, fortalecimiento de la inspección laboral, ampliación del acceso a la protección social, impulso a la diversificación productiva y promoción de una cultura de formalidad.
Como siguiente paso, el Gobierno prevé aprobar un plan multisectorial de acción, seguimiento y evaluación, que permitirá implementar medidas concretas y coordinar acciones entre los distintos sectores involucrados.
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