La Fiscalía de la Nación designó al abogado Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en dicha materia. La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 3727-2025-MP-FN.
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Juárez Atoche integró el Equipo Especial Lava Jato, que llevó investigaciones emblemáticas vinculadas a corrupción y lavado de activos, y en cuyos procesos se registraron sentencias en primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, según antecedentes del Ministerio Público. La resolución precisa que la designación se enmarca en la reorganización de coordinaciones especializadas para fortalecer la celeridad y conducción de la acción penal.
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Fiscalía reorganiza nombra a Germán Juárez Atoche al frente de Lavado de Activos.
El acto resolutivo también dispone la conclusión de nombramientos, designaciones y destaques de diversos fiscales y coordinadores, y el retorno a plazas de carrera conforme corresponda. Entre las medidas adoptadas, se dan por concluidas coordinaciones en extinción de dominio, corrupción de funcionarios, derechos humanos, trata de personas, prevención del delito y otras áreas especializadas, con la finalidad de reordenar la estructura funcional.
Asimismo, la resolución nombra y designa a nuevos coordinadores y fiscales en distintas dependencias. Entre ellos, se designa a Rocío Gala Gálvez como fiscal superior provisional y coordinadora nacional de Trata de Personas; a Alonso Peña Cabrera Freyre como coordinador nacional de Extinción de Dominio; a Octaviano Omar Tello Rosales como coordinador nacional de Corrupción de Funcionarios; a Alfonso Barrenechea Cabrera como coordinador nacional de Prevención del Delito; y a Gianina Tapia Vivas como coordinadora nacional de Fiscalías de Familia, entre otros cambios detallados en la resolución.
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La Fiscalía de la Nación fundamentó estas decisiones en sus atribuciones constitucionales y legales, así como en el Plan Estratégico Institucional 2023–2030, orientado a incrementar la persecución penal y mejorar la celeridad del servicio fiscal. La norma dispone además la entrega de cargo y la notificación a las instancias correspondientes.
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