Las elecciones nacionales son un mecanismo para acceder al poder y configurar su distribución en el Estado. Las elecciones han servido, de igual modo, para otorgarle legitimidad al gobierno de turno, incluso cuando se ha utilizado el recurso de la violencia política. Por su relevancia, todas estas, incluso las más controladas por las autoridades de turno -como la “auto elección” de Odría en 1950- han estado marcadas por conflictos políticos.
Las elecciones, orientadas a la representación de la nación, nacieron antes de la república. La Constitución de Cádiz así lo estipuló en 1812 y, desde un inicio, fueron espacios de confrontación entre diferentes sectores de la sociedad. No en vano, el virrey Fernando de Abascal buscó controlar las elecciones para elegir a los representantes para las cortes en la península: temía perder parte, o la totalidad, de su autoridad y poder como defensor de la Monarquía Española. Esto se puso a prueba en 1814, durante las elecciones para el cabildo del Cusco, que fueron el detonante para el levantamiento de Mateo Pumacahua y los hermanos Ángulo.
Las elecciones de la segunda mitad del siglo XIX, en las que se hicieron presentes organizaciones políticas (clubes o, posteriormente, partidos), fueron violentas cuando se realiza el sufragio. Para esa jornada era clave contar con cuerpos organizados que tomaran las mesas electorales, que permanecían operando durante varios días. Muchos oficiales y soldados participaron en dichas tomas, provocando incluso muertes en el proceso; como ocurrió en Lima durante la elección de Mariano Ignacio Prado en 1876. Esto generó el fenómeno de las dualidades (o más), que significó la división de las mesas en dos o tres paralelas, recayendo en el Congreso la contabilidad de los votos.
Sobre todo, a partir de los años 1930 —aunque se puede retroceder más—, apareció el componente ideológico derecha vs. izquierda en el conflicto político, representado, sobre todo, en el APRA. La Constitución de 1933 tuvo un fuerte cariz anti aprista y anticomunista. El Artículo 53 indicaba: “El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional”. Recién en las elecciones de los años 1960, el APRA pudo participar legalmente. Pese a las restricciones, terminaron participando en el juego perverso de apoyar a un candidato u otro, con la condición de legalizar su partido. De ese modo, apoyaron diversas candidaturas y sus militantes formaron parte de listas congresales.
Un caso particular fueron las elecciones de 1936. La Unión Revolucionaria y el APRA eran partidos bien organizados y enfrentados entre sí. Los primeros, filofascista, participaron, distanciado del presidente Óscar R. Benavides. Los segundos apoyaron la candidatura de Luis Eguiguren del Partido Social Demócrata. Con el escrutinio, quedó claro que iba ganando Eguiguren, pero, usando de pretexto el apoyo aprista, anularon las elecciones. Algo parecido ocurrió en 1962, cuando el aprismo -bajo el liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre- triunfaron en las elecciones por un pequeño margen, lo que obligaba al Congreso a dirimir. Ante el temor de una victoria aprista, apoyada por el presidente Manuel Prado, hubo un golpe de Estado y se convocaron a elecciones al año siguiente.
Los procesos electorales siempre generan conflictos que, en nuestra historia, han implicado la ruptura del orden constitucional, incluso con la importante y central intervención de las fuerzas del orden, quienes deberían en la práctica defenderlo. Se trata de un tipo de participación política que define la repartición del poder: es normativo en teoría, pero se desarrolla en una cultura política que no ha sido ajena a “patear el tablero”.
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