Conversaciones de WhastApp que ya están en manos de la fiscalía revelan presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó “Cuarto Poder” este domingo 3 de abril.
Las comunicaciones muestran coordinaciones internas entre funcionarios de la ONPE. La fiscalía investiga si estas habrían favorecido a Gálaga en la adjudicación de millonarios contratos para el transporte de material electoral.
De acuerdo con los mensajes, Gálaga fue declarada ganadora de un contrato por más de S/ 2.2 millones, pese a que otra postora, AFE, presentó una oferta económica menor.
En los chats, uno de los funcionarios señala que la propuesta técnica terminó inclinando la balanza a favor de Gálaga, lo que generó una felicitación inmediata de Juan Phang, ex subgerente de Producción Electoral de la ONPE.
“Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, escribió Phang en febrero del 2025, según las imágenes difundidas por “Cuarto Poder”. Esto en respuesta a un mensaje de William García, otro funcionario de la ONPE investigado por la fiscalía.
García le habría informado: “Ganó Gálaga con 2.299.401, 491, a pesar que AFE presentó una oferta de 1.799.964,28. La propuesta técnica pesó más, a favor de Gálaga.
Las pesquisas ya no se limitan a cuestionar la adjudicación en sí misma, sino que apuntan a la posible existencia de una estructura organizada que, desde posiciones clave dentro de la ONPE, habría facilitado condiciones para beneficiar a un proveedor específico.
Las comunicaciones analizadas incluyen intercambios directos entre funcionarios, presuntamente sin pasar por canales institucionales formales.
Uno de los ejes de la investigación se centra en la Subgerencia de Producción Electoral, desde donde no solo se habría impulsado la necesidad del servicio, sino también se habrían diseñado las bases, establecido criterios de evaluación y ejecutado las calificaciones que derivaron en la contratación de Gálaga.
De acuerdo con “Cuarto Poder”, si bien las decisiones finales recaían en la jefatura de la ONPE, entonces a cargo de Piero Corvetto, la fiscalía examina el impacto de nuevos lineamientos de contratación aprobados este 2026, que habrían otorgado mayor poder de decisión a otros funcionarios, permitiéndoles intervenir directamente en procesos de gran envergadura.
La carpeta fiscal también incluye evidencia sobre un segundo proceso, valorizado en más de S/ 6,3 millones, para el transporte de material electoral a nivel nacional. En este caso, los chats revelan intercambios sobre términos de referencia y datos técnicos, que para los investigadores podrían evidenciar un direccionamiento del proceso hacia un proveedor determinado.
Las irregularidades también se habrían extendido a la etapa de ejecución contractual. Según la investigación, la empresa Gálaga remitió información clave, como la relación de vehículos y conductores, mediante un enlace digital que nunca fue descargado ni verificado por los funcionarios responsables, lo que evidenciaría fallas graves en el control del servicio.
Según reportó el dominical, a pocos días de los comicios, la ONPE no tenía claridad sobre el volumen real de unidades necesarias para el transporte electoral. Aunque inicialmente se contemplaban 400 vehículos, días antes de la elección se incrementó la cifra a 434 rutas, sin que esta variación quedara debidamente reflejada en el contrato firmado.
Correos internos dan cuenta de que la empresa contratada apenas había puesto a disposición 12 unidades, dejando decenas de rutas sin cobertura. Ante ello, se evaluaron contrataciones de emergencia con otros proveedores para cubrir el déficit, en medio de la urgencia operativa.
A estas deficiencias se sumó la falta de personal para el despacho del material electoral. De los 100 trabajadores previstos, solo se logró contratar a 54, lo que habría afectado la capacidad de respuesta logística.
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