Uno de los grandes retos que tienen los gobiernos en el ámbito de la salud pública es cómo financiar tratamientos de última generación sin comprometer grandes sumas de dinero del presupuesto público. En el Perú, resolver este reto es prioritario porque esta brecha nos está costando cada vez más vidas humanas.
Un paciente en América Latina, por ejemplo, espera –en promedio– 57 meses para acceder a un tratamiento innovador. En el Perú, la situación se agrava porque, a pesar de que la Ley de Cobertura Universal está vigente desde el 2010, solo cinco de cada 10 pacientes (56,7%) recibe su receta completa en los establecimientos del Ministerio de Salud.
Hoy, el acceso a medicamentos de última generación enfrenta dos grandes obstáculos: su alto costo y el temor de las autoridades sobre cómo medir su efectividad real en los pacientes. Esta dramática realidad forzó al sector salud (públicos y privados) a buscar soluciones disruptivas, como los Acuerdos de Riesgo Compartido (RSA), conocidos en nuestra legislación como Modelos Diversificados de Adquisición (MDA). A diferencia de una compra tradicional, en la que el Estado paga por un producto sin importar su resultado final, estos acuerdos permiten un trato más equilibrado: la industria farmacéutica y el Estado comparten los riesgos financieros y clínicos.
Los acuerdos financieros están enfocados en la predictibilidad del presupuesto, pudiéndose establecer descuentos, dosis gratuitas o topes de gasto por paciente. Los acuerdos basados en resultados permiten al Estado pagar solo si el medicamento demuestra el beneficio clínico prometido. La reducción comprobada de un tumor, por ejemplo.
Afortunadamente, el Perú ha dado pasos significativos en este proceso. La aprobación de la Ley Nacional de Cáncer (31336) en el 2021 y la reciente Ley General de Contrataciones Públicas (32069) abrieron el marco legal para el uso de estos modelos de acuerdos para acceder a tratamientos de última generación. Su implementación, sin embargo, enfrenta obstáculos concretos. Al no existir sistemas de información robustos (como una historia clínica electrónica nacional) no tenemos como medir resultados; carecemos de capacidad técnica en los equipos de compra; y la barrera más difícil a superar es la desconfianza del funcionario frente a la industria, que requiere un alto nivel de transparencia y voluntad política para superarla.
La experiencia regional demuestra que sí es posible mejorar el acceso a tratamientos innovadores con estos modelos. El Fondo Nacional de Recursos de Uruguay lleva más de una década aplicando estos acuerdos con resultados muy positivos, ampliando el acceso a tratamientos contra cáncer de mama y enfermedades raras. Y lo más importante: sin desestabilizar sus finanzas.
El Perú se encuentra ante una oportunidad histórica. La implementación de los MDA no debe verse como un trámite administrativo, sino como una herramienta de equidad social. Si logramos fortalecer este proceso a nivel institucional, digitalizar la gestión de datos y mantener altos estándares de transparencia, pasaremos de un débil sistema que adquiere insumos, a uno que garantiza resultados en salud. El reto que nos depara el futuro es que, al final de la jornada, podamos medir el éxito de esta política en tiempo y calidad de vida ganados para nuestros pacientes y no solo en soles ahorrados para un presupuesto público que todos los años devuelve un 10% de lo planificado por incapacidad de gestión.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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