Durante años, el debate sobre el Programa de Alimentación Escolar en el Perú ha estado marcado por la desconfianza, la baja aceptabilidad y una sensación persistente de que “no hay alternativas”. Sin embargo, en medio de la reorganización del Programa de Alimentación Escolar, una experiencia concreta —pequeña en escala, pero robusta en diseño— ha demostrado que mejorar sí es posible.
Con base en la Ley de Presupuesto 2025 y el DS N.° 010-2024-MIDIS, el MIDIS, con asistencia técnica del Programa Mundial de Alimentos, implementó un piloto de alimentación escolar con enfoque comunitario, basado en transferencias monetarias directas a los comités de padres de familia, responsables de la compra, preparación en la escuela y entrega de alimentos. Iniciado el 17 de marzo de 2025 en 35 instituciones educativas de Ayacucho, Cusco y Piura, el piloto ofreció comidas calientes, nutritivas y culturalmente pertinentes, elaboradas con alimentos frescos, menús diseñados por nutricionistas y supervisión técnica semanal para garantizar la calidad e inocuidad del servicio.
Los resultados hablan por sí solos. En 2025, el piloto midió la aceptabilidad de desayunos y almuerzos entre los estudiantes. El 92,2% manifestó que le gustaba la ración recibida y el puntaje promedio de aceptabilidad alcanzó 9,22 sobre 10 (IC ±0,104). Los almuerzos obtuvieron una valoración superior a los desayunos (9,63 frente a 9,04).
El estudio también evaluó atributos organolépticos. El olor fue ampliamente aceptado —98% en bebibles, 97% en segundos o sándwiches y 94% en frutas—; el sabor y la cantidad recibieron valoraciones positivas (entre 84% y 90%), mientras que la temperatura mostró mayor variabilidad, un hallazgo operativo útil para el ajuste fino del servicio.
Estos resultados contrastan de manera contundente con el punto de partida. En 2019, apenas el 42,5% de los estudiantes manifestaba gustar y consumir las raciones del programa (bebible más sólido), una señal clara de que el modelo requería rediseño y pruebas controladas para mejorar su aceptabilidad. Seis años después, un enfoque comunitario con recursos gestionados desde la escuela ha logrado revertir ese escenario.
El éxito del piloto no fue casual. Se explica por al menos cinco palancas decisivas. Primero, una gestión comunitaria con transferencias monetarias trazables: los recursos llegan a cuentas mancomunadas, se compra localmente, se contrata personal de cocina y se rinde cuentas con control financiero. Segundo, menús y dosificaciones estandarizadas, diseñadas por nutricionistas, que aseguran el aporte diario de alimentos de origen animal y frutas o verduras, excluyendo ultraprocesados y excesos de azúcar, grasas y sodio. Tercero, infraestructura mínima funcional y aplicación rigurosa de Buenas Prácticas de Manufactura: cocinas equipadas, limpieza, control de vectores y registros en cada etapa del proceso. Cuarto, un sistema de monitoreo y supervisión semanal con visitas técnicas estandarizadas, indicadores claros y comités de vigilancia comunitaria; durante todo el piloto no se reportaron brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Quinto, la vinculación efectiva con la agricultura familiar, permitiendo cumplir la Ley N.° 31071 y dinamizar economías locales, al tiempo que se refuerza la pertinencia cultural de los menús.
Esta experiencia dialoga con la evidencia internacional. Los programas de alimentación escolar bien diseñados son altamente costo-beneficiosos, con retornos estimados entre 3 y 10 dólares por cada dólar invertido, y una tendencia clara hacia la preparación de alimentos en la escuela con productos locales (Bundy et al., 2024; Education Commission, 2023). Además, una mayor adherencia a las comidas escolares saludables se asocia con menor sobrepeso y obesidad en adolescentes (Boklis-Berner et al., 2021), un hallazgo especialmente relevante para el Perú, donde la transición nutricional exige reducir ultraprocesados y mejorar la calidad de la dieta desde la infancia.
¿Qué sigue ahora? Escalar. Con base en los resultados, es razonable ampliar el modelo a más instituciones educativas, comenzando por las priorizadas en Ayacucho, Cusco y Piura, y extendiéndolo progresivamente a otras regiones. Consolidar la modalidad de transferencias monetarias como estándar en escuelas con condiciones básicas de cocina, agua y electricidad. Institucionalizar el monitoreo nutricional semanal y los comités de vigilancia de inocuidad. Cerrar brechas de infraestructura en zonas rurales y periurbanas. Y sostener la educación alimentaria integrada al servicio.
El piloto funcionó. Elevó la aceptabilidad, mejoró la pertinencia cultural, fortaleció el control social y gestionó con éxito los riesgos sanitarios gracias a la presencia sistemática de nutricionistas en campo. Hoy, la política pública ya abrió la puerta y la evidencia puso la mesa. Ahora corresponde servir: escalar el modelo y convertir a la escuela en una verdadera plataforma de salud, aprendizaje y desarrollo territorial.
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