Por una estrecha mayoría de cuatro votos contra tres, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se anulen las resoluciones judiciales que le impusieron y mantuvieron su prisión preventiva por casi tres años, y ha ordenado también que el Poder Judicial dicte una medida menos gravosa para garantizar su presencia en el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el Caso Dinámicos del Centro.
Con ello, como es obvio, el también exgobernador regional de Junín puede salir de la clandestinidad y moverse en libertad, una circunstancia que proclama la moraleja invertida de que burlarse de la justicia paga. Cabe destacar que, además de permanecer prófugo por el tiempo señalado, Cerrón hizo sorna de las autoridades en sus redes sociales, alegando falazmente que él no huía de la justicia, sino de la “injusticia”. Todo eso ha sido absurdamente premiado por los magistrados Pedro Hernández Chávez (ponente del caso), Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, que votaron a favor del pedido de su defensa.
A diferencia de ellos, los magistrados Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich lo hicieron en contra, en votos singulares que rechazaban, entre otras cosas, el argumento según el cual Cerrón podía incumplir los mandatos judiciales porque consideraba arbitrarias las sentencias dictadas en otros procesos. La magistrada Pacheco, en particular, resaltó que no existe un derecho a desobedecer resoluciones judiciales y que el ordenamiento legal prevé mecanismos de impugnación cuando existe inconformidad con las sentencias recibidas. Monteagudo, entre tanto, anotó que la decisión de permanecer no habido desde octubre del 2023 es un dato objetivo que justifica la prisión preventiva, independientemente de si otros fallos fueron anulados después. Ochoa, por último, consideró que la conducta evasiva era el factor determinante para mantener la medida cautelar y que el peligro procesal se confirma porque el líder de Perú Libre siguió en la clandestinidad incluso meses después de que se anularan las condenas que supuestamente motivaron su huida.
En realidad, es difícil pensar en un caso de impunidad más claro en nuestra historia reciente, por lo que el daño que la mayoría del TC le ha infligido a la administración de justicia y el cumplimiento de las disposiciones judiciales en el país es enorme, y la conclusión de que su fallo ha obedecido a razones políticas, inevitable.
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