En un año electoral abundan las promesas: “más empleo”, “mejor salud”, “agua para todos”. Pero antes de discutir soluciones, el país debería hacerse una pregunta incómoda: ¿a quiénes dejamos fuera cuando medimos la pobreza solo con ingresos? Lo que no se mide no se prioriza, y lo que no se prioriza se posterga.
La pobreza monetaria es una foto importante, pero incompleta. Indica si un hogar puede comprar una canasta básica, pero no si vive sin agua segura, si un niño abandona la escuela por falta de conectividad, si una madre espera meses por una consulta o si una vivienda precaria convierte cada lluvia en emergencia.
Cuando la medición no capta esas privaciones, el Estado deja de ver a millones. Desde el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima hemos desarrollado un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que pone el foco en carencias simultáneas que limitan oportunidades reales. El resultado es revelador: casi un tercio de la población vulnerable –más de diez millones de peruanos– no coincide con la medición basada solo en ingresos. Hay peruanos que “no son pobres” en la estadística, pero sí en la vida cotidiana.
La fractura es clara. Solo el 14 % es pobre bajo ambas mediciones. Un 18 % (5,9 millones) vive privaciones estructurales sin ser considerado pobre por ingresos; mientras 13,6 % (4,5 millones) tiene ingresos insuficientes, pero acceso a servicios básicos. Esta divergencia no es un tecnicismo: explica una mala asignación de recursos.
En el Perú rural, la pobreza monetaria alcanza a 39,3 %, pero la multidimensional llega a 69,3 %. Incluso cuando los ingresos mejoran, las carencias en vivienda, agua, saneamiento, educación o conectividad siguen marcando la vida diaria. En la sierra y la selva, el ingreso ya no garantiza bienestar; en la costa urbana, el bienestar no asegura ingresos. Son realidades distintas que exigen políticas distintas.
En campaña es tentador elegir una sola cifra como trofeo. “Bajamos la pobreza X puntos”. Pero si no refleja la experiencia real, es propaganda. El IPM se parece más a la pobreza que la gente siente: su correlación con la percepción ciudadana es alta (0,76). Regiones como Loreto y Puno reportan mayor sensación de pobreza, coherente con sus mayores privaciones. En Lima Metropolitana, en cambio, la vulnerabilidad es principalmente monetaria. Un país tan diverso no puede gobernarse con una sola brújula.
¿Qué exigir en un año electoral? No discursos genéricos, sino compromisos medibles y verificables.
Primero, incorporar la pobreza multidimensional como métrica oficial complementaria para orientar mejor la inversión pública.
Segundo, convertir promesas en metas de servicio: tiempos de espera en salud, aprendizajes y conectividad en educación, no solo montos de gasto.
Tercero, estrategias diferenciadas: cerrar brechas estructurales en zonas rurales; enfrentar empleo, informalidad y costo de vida en ciudades.
Cuarto, transparencia: un tablero público trimestral de pobreza monetaria y multidimensional por región, con responsables claros.
En política pública peruana convendría recordar: si no lo mides, no lo prometas. La pobreza no es solo falta de dinero; es falta de oportunidades para vivir con dignidad. El verdadero debate no debería ser quién grita más fuerte, sino quién está dispuesto a medir –y atender– ese Perú que sigue siendo invisible.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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