Gema Maldonado Cantero
El proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros en segunda vuelta, lo que lleva al texto a iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde tiene que recibir la aprobación del pleno para que entre en vigor. Esta ley supone la derogación de la Ley 15/2007, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitía la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad.
Esta ley «consagra la gestión directa como pilar ordinario del Sistema Nacional de Salud», ha dicho la ministra de Sanidad Mónica García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «se acabó convertir el sistema sanitario público en una franquicia para grandes grupos privados, como Quirón». La norma establece que el sistema sanitario debe gestionarse a través de las autoridades públicas competentes, entidades de gestión pública o consorcios públicos y relega la gestión indirecta de centros sanitarios públicos como «fórmula excepcional» y regula «cómo tiene que ser» esa gestión indirecta, ha dicho la ministra.
Esta ley «consagra la gestión directa como pilar ordinario del Sistema Nacional de Salud», ha dicho la ministra de Sanidad
Con esta nueva ley las administraciones que quieran externalizar recurrir a la gestión privada en sanidad tendrán que motivar objetivamente que «no tienen la capacidad de prestar el servicio» de forma directa y acreditar que la fórmula de gestión indirecta elegida «es sostenible y eficiente» y «garantiza la calidad, equidad y sostenibilidad».
La ley también introducen nuevos mecanismos de control, a los que la ministra se ha referido como «nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas». Así, establece que habrá una evaluación previa obligatoria de cualquier intento de gestión privada del sistema sanitario, será obligatorio un Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en los contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que «estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria», apunta Sanidad.
A la hora de elegir quién se encargará de esa gestión privada siempre habrá «preferencia por el sector social»
«Esta ley blinda el sistema sanitario de los audios que escuchamos de un CEO de una empresa privada diciendo que había que diferenciar entre los pacientes rentables y no rentables», ha abundado la ministra de Sanidad, en referencia al caso del Grupo Rivera Salud en la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, la ley establece que cuando se hayan cumplido todos estos requisitos previos, a la hora de elegir quién se encargará de esa gestión privada siempre habrá «preferencia por el sector social». De esta forma, siempre que haya una licitación, en caso de empate se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro. Está por ver que Junts vaya a apoyar esta ley en el Congreso. Pero en este tipo de conciertos con organizaciones del sector social se basa gran parte de la gestión privada de la sanidad en Cataluña.
La ministra ha asegurado que se han reunido con «todo el entramado sanitario catalán» y que la ley lo que hace es «blindar la sanidad catalana de la parasitación privada que deriva recursos públicos a las cajas de resultado de empresas privadas». Por tanto, cree que no afecta a la gestión de la sanidad catalana.
El Ministerio presentará en un año una evaluación sobre las experiencias de gestión privada de la sanidad para ver «resultados en salud, costes y eficacia real de este sistema»
La ley también introduce medidas de buen gobierno que implican que cada año los sistemas sanitarios tengan que publicar obligatoriamente los indicadores de resultados en salud de todos sus centros, «independientemente de su modelo de gestión», ha puntualizado García. Hasta ahora no son públicos los resultados de uno u otro hospital.
El Ministerio tendrá que elaborar en el plazo de un año una evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997. Lo realizará un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas, expertos en este tipo de evaluaciones y tendrá organizaciones de pacientes entre sus participantes. El objetivo es ver «resultados en salud, costes y eficacia real de este sistema», ha dicho Mónica García, para un debate, que «muchas veces se ha planteado desde enfoques ideológicos, por eso necesitamos conocer sus resultados», ha añadido.
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