Vivir con miedo desgasta, y en el Perú, ese miedo es una constante. Las extorsiones ya no son hechos aislados: se han vuelto parte de la rutina que golpea a miles de familias, que viven con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta, sin paz. Esta no es una exageración ni una ficción: es la realidad. Esta no solo se cobra dinero y oportunidades; también afecta la salud mental.
Vivir bajo amenaza deja huellas que no siempre se ven, pero que se sienten con fuerza. Las extorsiones no solo afectan a los extorsionados, sino que también generan miedo en otros: el temor se contagia al escuchar noticias o relatos de compañeros.
Según el Minsa, en el 2024 se registraron más de 1’300.000 atenciones por trastornos mentales y problemas psicosociales. Pero detrás de esa cifra no hay solo diagnósticos: hay miles de personas que llegaron cuando ya no podían más. ¿Cuántos más nunca llegaron? ¿Cuántos siguen esperando ayuda? En el Perú hay apenas diez psicólogos y tres psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y en muchas zonas rurales no hay ninguno. Mientras tanto, el miedo sigue creciendo.
He escuchado testimonios que lo confirman: la extorsión no solo vacía bolsillos, también daña la salud mental de comunidades enteras. Por ello, combatir las extorsiones también es defender la salud mental, y eso exige un Estado presente, con políticas de seguridad efectivas y servicios psicológicos accesibles sobre todo en regiones olvidadas, porque si vivir en paz es un privilegio, entonces este país está profundamente enfermo.
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