Por cerca de medio año, las elecciones generales han sido el foco principal de atención del país. No es para menos. Estas definen el rumbo de los siguientes cinco años, las prioridades, los actores políticos centrales, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, los comicios pueden servir para distraer la atención de otros asuntos políticos graves que pasan más desapercibidos.
Por cerca de medio año, las elecciones generales han sido el foco principal de atención del país. No es para menos. Estas definen el rumbo de los siguientes cinco años, las prioridades, los actores políticos centrales, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, los comicios pueden servir para distraer la atención de otros asuntos políticos graves que pasan más desapercibidos.
Uno de los problemas que se han agravado sin mucha bulla alrededor es la trayectoria fiscal. Según recoge Luis Miguel Castilla, de Videnza Instituto, con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Congreso, hay 153 proyectos de ley con impacto fiscal negativo en distintas etapas de avance legislativo cuyo costo fiscal potencial supera los S/280.000 millones, equivalentes al 22,4% del PBI. También hay hechos consumados. Hace apenas un mes, el Consejo Fiscal alertaba que, solo en las tres primeras sesiones del pleno en marzo, se aprobaron 11 leyes y autógrafas de alto costo entre las que se incluyen mayores pensiones para docentes, militares y policías, además de beneficios laborales adicionales para los trabajadores CAS. Las estimaciones del gasto fiscal de estas medidas suman varios miles de millones de soles en los siguientes años.
A diferencia de otros períodos, este Congreso ha sido especialmente pródigo con los recursos del Tesoro Público al mismo tiempo en que el MEF perdió la facultad o el interés por defender sus fueros. La combinación de ambos factores es una tormenta fiscal. Si bien indicadores actuales relacionados a la deuda pública o los bonos soberanos son sólidos, la trayectoria que advierten varios especialistas es preocupante. La consecuencia directa es que el próximo gobierno heredará un espacio fiscal mucho más acotado. Si no quiere llevarnos a incumplimientos serios, deberá buscar partidas presupuestales que recortar para pagar la inmensa carga de sueldos y gasto corriente que ha impuesto ahora el Legislativo. Atender promesas de campaña que involucren más inversión pública será cada vez más difícil, y el Estado abultado será un peso inmanejable cuando el precio de los commodities, eventualmente, nos deje de acompañar. Esa dinámica la hemos visto varias veces en la región.
Y la historia aún no acaba. Quedan tres meses de legislatura en un Congreso en donde la mayoría de los parlamentarios, al no ser reelegidos, ya no tiene nada que perder. Sin atención pública, sin rendición de cuentas a futuro, y en búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, los gastos fiscales o exoneraciones tributarias de los congresistas pueden seguir subiendo. El nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de corregir lo que se pueda del desbarajuste fiscal que ha causado el actual. Pero por lo menos por ahora, eso parece lejos de ser una prioridad.
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