El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, celeridad en las investigaciones fiscales seguidas contra la ex presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por las muertes registradas durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, así como por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
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Mediante el Oficio N.° 617-2025-2026/STMC-CR, el parlamentario —representante por Amazonas e integrante de la Comisión de Fiscalización— requirió un informe documentado sobre el estado situacional y procesal de las carpetas fiscales N.° 277-2022 y N.° 68-2024, entre otras.
OFICIO N.° 617 -2025-2026/STMC-CR.
En el documento, Montalvo invoca los artículos 96, 102 y 159 de la Constitución, así como la Ley N.° 27399, para sustentar su pedido y exhortar al Ministerio Público a garantizar la continuidad de las investigaciones, considerando que Boluarte fue vacada del cargo en octubre del 2025 y, por tanto, ya no se encuentra bajo la limitación establecida en el artículo 117 de la Carta Magna.
La Carpeta Fiscal N.° 277-2022 comprende la investigación por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, en agravio de 49 ciudadanos fallecidos y más de 250 heridos durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 en regiones del sur del país y Lima Metropolitana.
El legislador solicitó precisar si las diligencias suspendidas fueron reactivadas tras el cese de la ex mandataria, qué acciones concretas se vienen adoptando para determinar responsabilidades individuales y si se evalúa la imposición de medidas cautelares.
Cabe recordar que la Comisión Permanente archivó la Denuncia Constitucional N.° 509 en septiembre del 2025 y que el Tribunal Constitucional dispuso la suspensión de las investigaciones mientras Boluarte ejercía la Presidencia.
En cuanto a la Carpeta Fiscal N.° 68-2024, vinculada al denominado “caso Rolex”, se investiga a la ex jefa de Estado por presunto enriquecimiento ilícito agravado, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Según información de dominio público citada en el oficio, la investigación preliminar habría concluido en enero del 2025, determinando un presunto incremento patrimonial injustificado, la adquisición de joyas valorizadas en aproximadamente US$ 162.250, así como depósitos bancarios cuyo origen estaría en evaluación. También se menciona la presunta recepción de relojes de alta gama.
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Montalvo solicitó conocer si se proyecta formular denuncia constitucional o requerimiento fiscal, así como la eventual imposición de restricciones o impedimento de salida del país.
En su exhortación final, el congresista sostuvo que el paso del tiempo podría afectar la eficacia de los medios probatorios y que las víctimas de las protestas y sus familiares tienen derecho a la verdad, justicia y reparación.
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