En una reciente columna publicada en El Comercio se resalta, con razón, la importancia de la aceptabilidad de los menús escolares como un factor clave para mejorar la nutrición de los estudiantes. Sin embargo, antes de discutir si los alimentos son aceptados o no, es indispensable asegurar lo elemental: que los alimentos existan, se produzcan y se entreguen oportunamente en las escuelas. La aceptabilidad solo puede evaluarse cuando hay alimentos disponibles de forma continua en la mesa escolar. Diseñar menús sabrosos y nutritivos es un objetivo valioso, pero pierde sentido si el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no atiende de forma integral los eslabones críticos de la cadena de suministro que hacen posible que esos alimentos lleguen efectivamente a los estudiantes.
A pocas semanas del inicio del año escolar, el PAE enfrenta una situación preocupante y sin precedentes, que exige una discusión pública seria y responsable. No se trata de un debate técnico-teórico ni de un desacuerdo menor, sino de medidas que podrían afectar directamente la nutrición diaria de 4,2 millones de escolares y poner en riesgo la continuidad misma del programa, con impacto directo en la salud y la educación de nuestra población.
El diseño del PAE 2026 no puede garantizar, desde el primer día de clases, la incorporación de proteínas cárnicas variadas. Incluye, más bien, algunos productos que no cubrirían adecuadamente los requerimientos nutricionales necesarios para un proceso de aprendizaje adecuado. Por razones ajenas a criterios estrictamente técnicos, la proteína animal habría sido concebida apenas como un sucedáneo de la leche, y no como parte de una estrategia integral de nutrición balanceada. El mensaje oficial de una supuesta mejora sustantiva del servicio contradice la realidad del diseño actual y parece responder a una estrategia de postergación propia de un gobierno de transición timorato.
A este escenario se suma una gestión de compras lastrada por exigencias burocráticas ilícitas que hacen inviable la planificación. Se ha planteado, por ejemplo, la creación de una certificación adicional de Digesa —sin sustento legal ni procedimiento TUPA, en vulneración del principio de legalidad— así como la realización de muestreos en almacenes, pese a la limitada capacidad operativa de la propia administración, en abierta contradicción con la ley. Todo ello, aun cuando la inocuidad de los productos ya es controlada mediante el Registro Sanitario y los sistemas HACCP o PGH. Cabe preguntarse si dichas exigencias revelan desconfianza del PAE en los mecanismos sanitarios que el propio Estado ha diseñado para garantizar la alimentación de más de 34 millones de personas.
La falta de predictibilidad también impacta. La información que se difunde cambia frecuentemente y genera confusión entre padres de familia, productores, proveedores y distribuidores. En recientes espacios de coordinación se confesó que los distribuidores no fueron considerados en los planes de contingencia, revelando la necesidad de fortalecer el conocimiento integral del funcionamiento operativo del PAE entre sus propios miembros.
Todo ello ocurre en un contexto de profunda erosión de la confianza, alimentada por la difusión de afirmaciones inexactas —como sostener que solo los productos con ficha de Perú Compras pueden ser considerados para el PAE cuando ello no es cierto, o que dicha entidad garantiza trazabilidad e inocuidad, funciones que corresponden exclusivamente a Digesa—, así como por ofrecimientos verbales que nunca se formalizan en documentos técnicos o normativos.
Las consecuencias ya son visibles: muy pocos operadores han manifestado interés en participar en el programa, lo que explicaría las sucesivas ampliaciones de plazo de las convocatorias, muchas de las cuales estarían quedando mayoritariamente desiertas. Esta situación anticipa una reducción crítica de la oferta y un riesgo concreto para la continuidad del servicio.
Por ello, invocamos a las más altas autoridades del Ejecutivo para rectificar decisiones improvisadas y reconducir la gestión del programa. Ello exige reconocer una verdad elemental: si el PAE es, en esencia, un programa logístico, su conducción requiere experiencia comprobada en gestión pública, compras estatales y cadenas de suministro, competencias que no se adquieren en las facultades de nutrición.
El PAE no puede subordinarse a cálculos políticos, sino al porvenir de la masa crítica de desarrollo productivo del país, encarnada en cada uno de los 4,2 millones de escolares a quienes hoy no podemos fallar.
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