El mensaje presidencial tuvo un mérito que debe reconocerse: planteó una mirada del desarrollo basada en las distintas etapas de la vida. Sin embargo, esta visión debe trascender la articulación de programas sociales. El desafío es construir una política de desarrollo del capital humano que permita a cada peruano desplegar su potencial desde la gestación hasta el aprendizaje permanente, con la educación como eje articulador.
La trayectoria educativa empieza antes de que un niño ingrese a la escuela, cuando se construyen las bases cognitivas, emocionales y sociales del aprendizaje y no puede interrumpirse al terminar la secundaria. Allí aparece un vacío importante del discurso: la educación superior quedó prácticamente reducida a ampliar Beca 18. Necesitamos una política integral para universidades, institutos y escuelas de educación superior que garantice calidad, fortalezca la investigación e innovación y responda a las necesidades de cada territorio. La oferta debe dialogar con sus potencialidades productivas, sociales y culturales y convertirse en motor del desarrollo territorial.
La reciente Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje vuelve a mostrar brechas que conocemos hace años. El Perú no carece de diagnósticos. Lo que falta es continuidad, gobernanza y capacidad para ejecutar reformas de largo plazo.
Una primera prioridad es fortalecer la profesión docente. En los últimos años, su revalorización se ha asociado con incrementos salariales, necesarios pero insuficientes si no están acompañados de mejores condiciones, capacidades y resultados. La carrera debe recuperar con fuerza la meritocracia y vincular el desarrollo profesional con la mejora de la enseñanza y los aprendizajes. También debe reconocer las diversas funciones que requiere el sistema: docentes de aula, formadores, coordinadores de redes rurales, profesores de COAR, directivos y especialistas de las UGEL y DRE.
La segunda prioridad es modernizar la gobernanza y profundizar la descentralización. El Minedu debe concentrarse en conducir la política nacional y establecer estándares, fortaleciendo a los gobiernos regionales, DRE, UGEL y escuelas con capacidades, profesionales idóneos y autonomía para gestionar sus territorios. Descentralizar no es trasladar presupuestos, trámites ni burocracia: es transferir capacidades y responsabilidades por resultados. Necesitamos un organismo técnico autónomo e independiente del Minedu que evalúe la calidad de la educación básica, supervise condiciones básicas de calidad, genere evidencia e impulse la innovación y la mejora continua.
La tercera prioridad es reordenar los servicios educativos con criterio territorial. Reordenar no significa cerrar escuelas. Significa avanzar en la implementación del Registro de Instituciones Educativas, reconociendo a la institución como unidad organizacional que puede brindar distintos servicios, inicial, primaria y secundaria, cada uno con su código modular. Este ordenamiento debe permitir superar la fragmentación administrativa, utilizar mejor los recursos y fortalecer la gestión. Supone también articular redes rurales, implementar residencias estudiantiles y transporte seguro donde las distancias lo justifiquen y adecuar el calendario escolar a las condiciones climáticas. No debemos discutir cuántas escuelas tenemos, sino qué oportunidades ofrecen.
El Perú ya hizo el diagnóstico. La tarea del nuevo gobierno no es multiplicar programas ni administrar lo existente. Es transformar el sistema: desarrollar talento, fortalecer los territorios, garantizar calidad y hacer de la educación el principal motor de movilidad social, productividad e innovación. Esa es la transformación que el país no puede seguir postergando.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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