El inicio del Congreso bicameral ha quedado marcado por un caso de violencia de género que involucra a uno de sus integrantes. Apenas seis días después de jurar al cargo, el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, fue detenido el jueves 30 de julio por presunta agresión física y psicológica contra su pareja.
Pérez llegó al Congreso pese a registrar tres sentencias por violencia familiar, lesiones culposas y falsa declaración, antecedentes que no impidieron que Juntos por el Perú, del excandidato presidencial Roberto Sánchez, lo incluyera en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados.
El legislador permaneció detenido en la comisaría de San Miguel desde antes del mediodía hasta las 6 de la tarde del jueves, luego de ser intervenido por la Policía Nacional.
Hasta la dependencia policial acudieron representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y el abogado Walter Flores, quien se desempeñó como jefe de campaña de Juntos por el Perú.
El Comercio logró comunicarse con Pérez cuando se encontraba en la comisaría de San Miguel. Durante una llamada de apenas 48 segundos, realizada a la 1:27 p.m., el diputado negó estar detenido y afirmó que solo brindaba declaraciones. “Han tergiversado. No estoy detenido, solo me están tomando declaraciones. Estoy en una diligencia”, señaló.
La versión del legislador contrastaba con la actuación policial: en ese momento, Pérez permanecía intervenido en la dependencia policial. Horas después, fue retirado de la comisaría esposado y escoltado por agentes policiales, para ser trasladado a medicina legal, en La Victoria. Y al cierre de esta edición, fue nuevamente conducido a la comisaría de San Miguel, donde pasaría la noche.
Por su condición de diputado, el caso será asumido por la Fiscalía Suprema de Familia, confirmó a El Comercio el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
“De inmediato ha participado una fiscalía provincial para hacer las diligencias urgentes, pero después, efectivamente, conoce la Fiscalía Suprema de Familia, que está a cargo del doctor Luis Arce. Él tiene que abocarse a las diligencias correspondientes y resolverá lo que convenga”, explicó.
Poco después, el Ministerio Público agregó que las acciones fiscales que se desarrollaron en la comisaría de San Miguel “están orientadas a recabar elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados, garantizar la protección de la presunta agraviada y disponer las medidas legales que correspondan”.
En paralelo, el Ministerio de la Mujer informó que solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la denunciante. Añadió que le brinda atención legal y psicológica mediante el Programa Nacional Warmi Ñan.
Ya en el Congreso anterior hubo parlamentarios que denigraron el cargo, entre ellos Freddy Díaz, de Alianza para el Progreso, condenado por violación sexual; Wilmar Elera, de Somos Perú, sentenciado por colusión agravada; y Guillermo Bermejo, de Perú Libre, condenado por afiliación terrorista.
El diputado por Cusco arrastra una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas. La sentencia quedó firme en enero del 2025.
La condena respondió a un accidente ocurrido en febrero del 2024, cuando Pérez atropelló a una madre y a su niña de siete años en Pichari (Cusco). Según el parte policial al que accedió El Comercio, después de trasladarlas a un centro de salud se retiró del lugar al advertir la presencia de la policía.
De acuerdo con el documento, el ahora diputado fue intervenido tras una persecución durante la cual realizó maniobras temerarias con su vehículo. El parte añade que presentaba aparentes signos de ebriedad y se negó a identificarse. Además, consigna que profirió expresiones denigrantes y desafiantes contra los policías.
Según informó recientemente “Panorama”, Pérez cumplió siete meses de prisión preventiva por ese caso.
La mujer víctima del atropello, Vilma Palomino, dijo al dominical que Pérez no ha cumplido con pagar los S/80 mil de reparación civil que le adeuda a ella y a su hija menor, quien ha quedado con secuelas.
A ese caso se suman una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida por falsa declaración y otra de dos años y seis meses de prisión suspendida por violencia familiar.
Las tres condenas las reportó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular a la Cámara de Diputados.
Pérez pertenece a la facción antaurista de Juntos por el Perú y es uno de los hombres fuertes detrás de los gremios de agricultores de hoja de coca en el Vraem, tal como reportó El Comercio recientemente.
La senadora Patricia Juárez, de Fuerza Popular, destacó que, por tratarse de un presunto caso de delito común, al diputado no le asiste la inmunidad parlamentaria,
“Parece que nos estrenamos mal nuevamente. A mérito de lo que está ocurriendo es importante resaltar que los congresistas no gozan de inmunidad, como mucha gente piensa, por actos anteriores a su mandato o delitos comunes. La inmunidad solo es por delito de función”, precisó en diálogo con Canal N.
En tanto, el vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó a El Comercio que la agrupación buscará comunicarse con la denunciante y que esperará el desarrollo del caso antes de fijar una posición.
“De plano, vamos a rechazar todo tipo de violencia física y psicológica. Esto está en manos de la Fiscalía. Puede haber distintas versiones de los hechos. Vamos a considerar y dar prioridad evidentemente al de la mujer, porque en una situación de violencia siempre ella está en una situación de indefensión. Vamos a comunicarnos con la víctima”, dijo.
Sin embargo, Zunini también cuestionó algunos aspectos de la intervención policial y sostuvo que el acta inicial habría sido modificada durante las diligencias para incluir presuntas agresiones físicas.
Esa versión sería esclarecida por las autoridades durante la investigación fiscal.
El abogado penalista Vladimir Padilla explicó a El Comercio que la fiscalía podría solicitar ante un juez supremo una detención preliminar, sin requerir autorización del Congreso.
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