La educación nos ofrece una buena manera de entender una diferencia que parece semántica, pero es fundamental para la gestión pública: medir no es lo mismo que evaluar.
En el Perú medimos aprendizajes. El Ministerio de Educación recoge periódicamente evidencia que nos permite conocer qué están aprendiendo nuestros estudiantes y visibilizar las enormes brechas que persisten entre territorios y grupos de población. Esa información es indispensable. Pero medir nos dice, principalmente, dónde estamos; evaluar exige preguntarnos también por qué estamos allí, qué intervenciones están produciendo resultados y cuáles debemos modificar, fortalecer o dejar de hacer.
Ese sigue siendo uno de nuestros grandes desafíos.
No basta constatar que un grupo de estudiantes no alcanza los aprendizajes esperados. Necesitamos relacionar esos resultados con las políticas implementadas, identificar qué funciona en contextos distintos y utilizar esa evidencia para tomar decisiones. De lo contrario, corremos el riesgo de acumular información sin convertirla suficientemente en aprendizaje institucional.
Esta reflexión trasciende la educación. Durante demasiado tiempo, buena parte de la gestión pública ha puesto el énfasis en indicadores de ejecución: cuánto presupuesto se gastó, cuántas actividades se realizaron o cuántas obras se concluyeron. Son datos necesarios para rendir cuentas, pero insuficientes para responder la pregunta que realmente importa: ¿qué cambió en la vida de las personas como consecuencia de nuestra intervención?
Y hablar de impacto nos obliga también a mirar los territorios.
Después de más de 20 años de descentralización, todavía concentramos demasiadas decisiones y capacidades en Lima. Pero las brechas tienen geografía. Los aprendizajes, la anemia, el acceso al agua o las oportunidades económicas varían profundamente dependiendo del lugar donde una persona nace. Descentralizar no puede significar solamente transferir funciones y recursos; debe implicar fortalecer capacidades regionales, acercar las decisiones a las personas y confiar en quienes conocen sus territorios.
Hace unos días, durante la presentación de resultados de CARE Perú, volví a comprobarlo. En el 2025 desarrollamos 30 intervenciones y alcanzamos directamente a más de 107.000 personas. Sin embargo, esas cifras dicen poco si no podemos demostrar qué cambió en sus vidas. Lo relevante es evaluar las transformaciones y reconocer que muchas fueron posibles gracias a alianzas entre empresas, Estado, cooperación internacional, sociedad civil y comunidades.
Ese aprendizaje debería trascender a cualquier organización. Necesitamos empresas que midan su inversión social por el valor que genera, una sociedad civil que rinda cuentas con evidencia, y un Estado que evalúe sus políticas para decidir mejor.
La educación vuelve a ofrecernos una lección: medir nos permite conocer el problema; evaluar nos permite aprender qué funciona para resolverlo.
El Perú necesita avanzar del gasto al resultado, del centralismo a decisiones construidas desde los territorios y de la medición a una verdadera cultura de evaluación e impacto.
Porque ya no basta saber cuánto hicimos. Necesitamos saber qué funcionó, dónde funcionó, para quién funcionó y cuánto logró transformar.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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